MINNEAPOLIS, MN
Una mujer que fingió su secuestro y culpó a dos supuestas mujeres hispanas fue condenada este lunes en California a 18 meses de cárcel y pagar 300,000 dólares en restitución.
Sherri Papini, de 40 años, se declaró culpable en abril pasado de dos cargos de fraude postal, declaraciones falsas al FBI y de recibir más de 30,000 dólares en compensación al hacerse pasar como una víctima.
Papini fue reportada como desaparecida el 2 de noviembre de 2016, por lo que se realizaron extensas búsquedas en el condado de Shasta y en otras partes del norte de California, así como en estados vecinos, según el Departamento de Justicia.
El 24 de noviembre fue hallada en el condado de Yolo con varias ataduras en su cuerpo, además de lesiones que incluían un cicatriz en su hombro.
Papini dijo en ese entonces a las autoridades que había sido secuestrada a mano armada por dos hispanas y retenida contra su voluntad. Asimismo, proporcionó detalles sobre sus supuestas secuestradoras a un dibujante del FBI.
Diversas agencias policiales emprendieron una búsqueda de las hispanas, pero la investigación determinó que Papini se había estado quedando con un exnovio en la ciudad de Costa Mesa, en el sur del estado, y que se había herido ella misma para apoyar su mentira.
Durante un interrogatorio en 2020, la mujer fue advertida de que mentir a agentes federales constituía un delito grave.
Se le presentó evidencia de que no había sido secuestrada, pero en vez de retractarse de su historia continuó haciendo declaraciones falsas acerca de sus supuestas secuestradoras.
Adicionalmente, Papini logró que la Junta de Compensación a Víctimas de California le diera asistencia monetaria con base en su historia inventada.
De 2017 a 2021, la solicitud de asistencia de la mujer derivó en aproximadamente 35 pagos por un total de más de 30,000 dólares, que incluyeron la cobertura de visitas a su terapeuta y el costo de la ambulancia que la trasladó a un hospital después de su regreso.
Los fiscales del Departamento de Justicia habían pedido al juez una sentencia de ocho meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada, alegando que el engaño desperdició recursos y perjudicó a otros.
La defensa había pedido tan sólo un mes de cárcel, y siete meses de arresto domiciliario.
