MINNEAPOLIS, MN
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) condenó este miércoles el plan de gastos para el año fiscal 2022 consensuado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, del que asegura que “continúa con el enfoque de la era Trump” en lo que toca a inmigración.
La madrugada de este miércoles demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo sobre un proyecto de ley de gastos de 1.5 billones de dólares que financiaría al Gobierno durante el resto del año fiscal 2022.
El plan, que debe ser votado antes del 15 de marzo contiene fondos destinados a la inmigración y el funcionamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que se aproximan a los valores asignados en los años de Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021), subrayó el NIJC en un comunicado.
“El hecho de que el Congreso no disminuya los gastos inflados de la era Trump en agencias con un historial bien documentado de dañar a las comunidades inmigrantes dará como resultado más muertes, familias separadas y un dolor innecesario para comunidades de inmigrantes y aquellos que buscan asilo”, señaló la directora del NIJC, Mary Meg McCarthy.
Aseguró que el plan aumenta los fondos para que el ICE mantenga en detención a 34,000 personas. Los fondos representan un aumento de más de 5,000 camas respecto a las propuestas presentadas en 2021 tanto en la Cámara como en el Senado.
“Estos niveles de financiación contradicen directamente los compromisos asumidos por la Administración (del presidente Joe) Biden y los miembros del Congreso para reducir el sistema de detención de inmigrantes”, señala el NIJC.
También critica que el plan de presupuesto no invierte en servicios de apoyo para las comunidades inmigrantes. “El Congreso se negó a proporcionar siquiera un dólar para un programa piloto del Departamento de Justicia para brindar representación legal a las personas que enfrentan detención y deportación en procedimientos de inmigración”, indicó.
El NIJC ha pedido al Congreso que cambie el “rumbo” del presupuesto con respecto a inmigración.
