Denver (CO), (EFEUSA).-
Un congresista de Colorado expresó hoy en una carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) su “seria preocupación” por unos 1.500 inmigrantes alojados en una cárcel privada de Denver, luego de recientes casos de varicela y de un incremento de camas.
En su carta, dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, el congresista demócrata Jason Crow solicitó detalles y explicaciones de las operaciones de la empresa GEO Group, contratada por el Gobierno federal para alojar a los inmigrantes, presuntamente indocumentados.
La cárcel de Aurora, suburbio de Denver, agregó este año 432 nuevas camas en un anexo a las instalaciones originales, por lo que la capacidad total del establecimiento ya llega a 1.532 personas. GEO Group recibe casi 2 millones de dólares anuales del Gobierno federal para operar este centro de detención.
“La expansión de las instalaciones llega justo después de dos brotes de varicela separados por pocos meses, obligando a docenas de reclusos a permanecer en largas cuarentenas”, expresó el congresista en su carta.
“…Entiendo que en esas instalaciones solamente hay un médico para toda la población (carcelaria), incluso después del reciente aumento en el número de detenidos”, agregó el congresista.
Crow también dijo que esta mañana se presentó en la cárcel para recorrer las instalaciones, especialmente el nuevo anexo, pero se le negó la entrada por no haber tramitado antes los permisos correspondientes.
En su misiva, Crow pidió que el Departamento de Seguridad Nacional provea detalles sobre el brote de varicela, sobre si hubo otras enfermedades y sobre cuántas personas estuvieron en cuarentena.
La situación en la cárcel de Aurora ha generado varias acciones judiciales. En febrero de 2018, la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Distrito, en Denver, reafirmó el derecho de indocumentados antes alojados en ese lugar de presentar una demanda colectiva por “trabajados forzados”.
En julio pasado, el Concilio de Inmigración de Estados Unidos (AIC) y la Asociación de Abogados de Inmigración Estadounidenses (AILA) presentaron una demanda conjunta aduciendo “condiciones de salud física y mental peligrosamente inadecuadas” en ese establecimiento.
Durante un evento de su campaña electoral en junio de 2018, Crow criticó a GEO Group por “no tener idea de dónde están los hijos de los detenidos”.
En la campaña repitió varias veces que “nuestros vecinos inmigrantes merecen ser tratados con dignidad y respeto y nuestras leyes deben reflejar esos valores”.
