SAINT PAUL, MN
Un centenar de miembros del Congreso pidieron este martes a la corte de apelaciones del Noveno Circuito que rechace los intentos de la Administración Trump para anular un acuerdo legal bajo el cual los migrantes indocumentados menores de edad no pueden permanecer detenidos por más de 20 días, entre otras protecciones.
“El Congreso aprobó la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Protección para Víctimas del Tráfico Humano para asegurar la seguridad y el bienestar de los niños migrantes y establecer procedimientos específicos para la documentación, procesamiento y custodia de estos menores”, señalaron en una declaración representantes y senadores demócratas.
La lista de firmantes la encabezan el jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la respalda más de un centenar de miembros en ambas cámaras del Congreso.
Según los legisladores, las regulaciones adoptadas por el Gobierno del presidente Donald Trump “privan a los menores de edad del acceso a esas protecciones estipuladas por la ley y no se conforman con el texto y la historia de estas leyes, o con la intención del Congreso al aprobarlas”.
Los legisladores remitieron su documento de apoyo legal (“amicus brief”) al Tribunal del Noveno Distrito federal, donde está pendiente la querella contra las regulaciones de Trump.
En agosto pasado, el Gobierno Trump anunció el fin del Acuerdo Flores vigente desde 1997, que establece protección a menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene, y los fallos judiciales que han ido dando forma a esta norma prohíben al Gobierno mantener detenidas a las familias con niños durante más de 20 días.
Cuando entonces el Gobierno indicó que presentaría nuevas reglas, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, explicó que “la acción aborda una debilidad impuesta por los tribunales a la ley de inmigración que impidió que el DHS detuviera a familias unidas durante más de 20 días y codifica compromisos críticos sobre las condiciones para los menores bajo cuidado federal”.
El asunto adquirió mayor relevancia dado que desde 2018 hubo incrementos sustanciales en el número de migrantes, en su mayoría de América Central, que se presentaron con niños en la frontera de Estados Unidos pidiendo asilo.
El gobierno de Trump procedió, primero, a la detención de decenas de miles de estos migrantes, incluidos sus niños, y en miles de casos a la separación de menores y sus parientes.
En diciembre pasado, la Administración presentó un escrito ante el Noveno Circuito en el que aseguraba que el Acuerdo Flores está “desactualizado” y no refleja unas “circunstancias dramáticamente diferentes” a cuando se aprobó hace más de dos décadas.
El Gobierno indicó que se ha registrado un “aumento masivo en la migración familiar” y hay “nuevas regulaciones” sobre la custodia y cuidado de menores en custodia de Inmigración, que garantizan, en su opinión su bienestar.
Esta medida surgió tras una demanda presentada por organizaciones de defensa de los derechos civiles en 1985 en nombre de Jenny Lisette Flores, una adolescente de 15 años que huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos.
Tras varios años de litigio se llegó a un acuerdo en 1997 con el Gobierno de Bill Clinton (1993-2001).
Con medidas como la que está en cuestión ahora en la corte de apelaciones, la Casa Blanca intenta reducir al mínimo la llegada a la frontera sur del país de menores no acompañados de un adulto así como de familias.
