SAINT PAUL, MN
Dentro de la corriente de críticas y dudas que ha despertado el reciente caso de los correos electrónicos de Hillary Clinton, cuando se desempeñaba como Secretaria de Estado de los Estados Unidos, hoy se cuestiona la transparencia del gobierno de la ciudad de St. Paul, cuando se ha establecido que la mayoría de los correos electrónicos de sus empleados, serán borrados luego de seis meses de haber sido emitidos. Al mismo tiempo, aquellos mensajes que se hayan movido a las bandejas de basura o desechos, serán eliminados en su totalidad.
En el nuevo manual de entrenamiento de empleados, se lee “No guardar mensajes que no sean útiles más. Borrarlos tan pronto como se haya cumplido con el propósito para el que servirían. … Mantenga tan sólo lo que necesite para su trabajo.”
La nueva serie de reglas comenzarán a entrar en vigor a partir del primero de agosto de este año. Mas sin embargo, quienes promueven el ejercicio transparente de la labor gubernamental, acusan que esta nueva medida podría limitar la habilidad del público para monitorear la forma en la que los gobiernos trabajan y cómo gastan los dólares provenientes de quienes pagan sus impuestos.
“Esta rápida destrucción [de mensajes], algunos de ellos en forma automática, sin revisión humana, puede invitar a la pérdida de credibilidad y falta de responsabilidad,” dijo Mark Anfinson, abogado que se especializa en comunicaciones y leyes de información.
Otros argumentos señalan incluso a la posibilidad de que las nuevas medidas anunciadas por la ciudad de St. Paul, podrían ir en contra, al menos en “espíritu”, a las leyes estatales en materia de información pública. El obtener acceso a documentos puede llevar meses a reporteros y ciudadanos que los soliciten, por lo que peticiones hechas en seguimiento a los primeros podrían resultar virtualmente inútiles en caso de que los correos electrónicos relevantes hayan sido borrados.
También se ha anotado que existen reglas que gobiernan la retención de materiales y documentos, permitiendo a las agencias gubernamentales el purgar algunos registros, en caso de que exista también una política de retención que ayude a determinar qué vale la pena guardar. Pero pensar en un lapso de tan solo seis meses puede considerarse como un muy breve período de retención.
Esto lleva por lo menos a una pregunta simple: si la ciudad está implementando una política que es tan rápida… Por qué no proponer que se guarden por uno o dos años,” propone Anfinson.
Una de las justificaciones por las que se ha implementado la política en cuestión, obedece a que medios de comunicación de las Ciudades Gemelas han solicitado y revisado correos electrónicos internos del City Hall que involucraban el asunto de la construcción del nuevo estadio; igualmente, un ejercicio de entrenamiento militar encontró a oficiales de la ciudad fuera de guardia al ser expuestos; un trágico deslave en el Parque Regional de Lilydale, que buscaba ser resuelto internamente fue develado; y la batalla legal sobre el destino del Black Bear Crossings en la tienda del Lago en el parque Como. Algunos de los correos databan de dos años atrás.
La medida propuesta parece querer controlar la información que ha sido accesible a la prensa y a los ciudadanos, al eliminar evidencias sobre situaciones potencialmente incómodas que involucren a oficiales y empleados del gobierno de la ciudad. Por ello los críticos mantienen reservas y piden que el criterio se revise.
