SAINT PAUL, MN
Desde el año pasado, el gobernador Mark Dayton ha estado presionando a los legisladores para que se les otorgue licencias para conducir a los inmigrantes ilegales que viven en Minnesota.
En un esfuerzo por cumplir con las cada vez más estrictas exigencias federales de que cada ciudadano debe de tener una identificación válida, Dayton aseguró que volverá a presionar durante esta sesión para obtener la licencia.
El año pasado, la Cámara pasó una ley de conformidad para una identificación real en la se prohíbe explícitamente otorgar licencias de manejo a los inmigrantes ilegales y en consecuencia prohíbe a la administración dar ese paso.
En ese momento, Dayton dijo que era muy angustiante que estuvieran convirtiendo el tema en un asunto en una cuestión política. “Si hubieran actuado como lo sugerí en la sesión legislativa del año pasado esto ya se hubiera resuelto y hubiéramos avanzado. Por lo que retrasos que ahora ocurren, son completamente su responsabilidad”.
En una entrevista con MPR ayer, el gobernador dijo que al momento de autorizar la licencia de conducir para inmigrantes ilegales se mejoraría la seguridad pública. Que la prohibición no es prudente y una barrera entre los inmigrantes y el resto de los habitantes de Minnesota.
El gobernador asegura que los inmigrantes que manejan sin licencia o sin seguro representan una amenaza para la seguridad pública, por lo que seguirá pidiendo a los legisladores que se “se unan” e insiste en que la ley expanda las identificaciones.
Y añadió: “Es malévolo, racista y simplemente se alimenta de esa actitud muy, muy destructiva que persiste en este momento hacia la gente que viene de otros países”.
Dayton aprobó la prohibición de la licencia, como parte de un proyecto de ley que le permitiera tener más presupuesto. Al termino de la sesión legislativa pasada, Dayton llamó a los lideres legislativos republicanos a revertir la medida en una sesión extraordinaria que nunca se materializó.
Entre las cosas que el gobernador espera logar antes de dejar la gubernatura, es derogar algunas cambios tributarios a los que se opuso en el proyecto de ley fiscal que aprobó la Legislatura el año pasado y revocar exenciones de impuestos para le tabaco, la propiedad comercial e inmuebles. El rechazo a esas disposiciones, llevaron a veto del presupuesto de la Cámara y el Senado y una pelea judicial de meses.
