Minneapolis, MN.
MFBPC está celebrando una conferencia de prensa el Miércoles 10 de abril a las 9:00 a.m. en la Oficina de Servicios de Mediación, 1021 Bandana Blvd E., St. Paul , el día siguiente está previsto que se realice una mediación cerrada entre la Police Officers Federation Of Minneapolis (sindicato de policías) y la ciudad de Minneapolis.
“Estamos llamando la atención sobre la engañosa decisión tomada de negociar a puerta cerrada después de sólo cinco sesiones de negociaciones públicas. MFBPC buscó implementar “ profundas reformas transformadoras ” con su Recomendaciones de contrato policial , solo para presenciar de primera mano que 20 de 22 Recomendaciones no fueran incluidos en ninguna propuesta de la Ciudad. Una vez más, las negociaciones giran en torno a más dinero para la policía sin rendir cuentas.”
Enojados con el escrutinio público que resultó de una demanda de 2022 que el MFBPC resolvió exitosamente contra la ciudad, el alcalde y el sindicato de policías están nuevamente confabulados para garantizar que el público no pueda ver cómo se están frustrando reformas policiales significativas.
“La ciudad no está comprometida con el derecho del público a participar en las negociaciones y no aprecia cómo la participación comunitaria es vital para el éxito de las reformas policiales”, afirma Kimberly Milliard, socia de la coalición MFBPC con Racial Justice Network. Y añade: “Esto es sólo la punta del iceberg cuando se trata de tratos encubiertos que están frustrando una reforma policial significativa que la comunidad ha exigido durante décadas”.
- La Ciudad le dijo a la Comisión Comunitaria de Supervisión Policial (CCPO), encargada de revisar los casos de mala conducta policial, que no podía tener comités que estuvieran sujetos a la Ley de Reuniones Abiertas de Minnesota. SIN EMBARGO , está permitiendo que “grupos de trabajo” se reúnan a puerta cerrada, de modo que lo que se dice en estas reuniones permanece en estas reuniones.
- Sin escrúpulos sobre la confidencialidad, la Ciudad entregó voluntariamente a los medios un documento de 7 páginas que intentaba justificar su preocupante despido del Director de Derechos Civiles, Alberder Gillespie, quien supervisó la Oficina de Revisión de la Conducta Policial (OPCR). AÚN , la Ciudad hipócritamente cerró la necesaria discusión sobre este asunto en la reunión del CCPO del 11 de marzo, diciendo que era un asunto de personal.
- Sin autoridad citada ni en la ordenanza CCPO ni en el decreto de consentimiento del Departamento de Derechos Humanos de Minnesota (MDHR), la Ciudad contrató al notorio Bufete de abogados Jones Day como “investigadores externos” para examinar las denuncias policiales, llamándolos “proveedores pro bono”. Jones Day ha ordeñado la ciudad al menos $1 millón , y ahora sin pruebas de necesidad o efectividad, la Ciudad quiere otorgar un contrato de $1 millón al bufete de abogados Wiley-Reber, sin revelar el conflicto de intereses que el socio de este bufete de abogados, Greg Wiley, es uno de los principales. Negociador municipal para el contrato policial.
Toshira Garraway Allen, miembro de la coalición MFBPC de Familias que apoyan a las familias contra la violencia policial, señala:
“Cuando la ciudad opera a espaldas del público, somos nosotros los que sufrimos. Vemos todos los días el daño y el abuso que recae sobre los pueblos negros, morenos e indígenas, aquellos que no tienen vivienda, que sufren discapacidades físicas y mentales, son víctimas del racismo ambiental y protestan contra la brutalidad policial. Las reuniones a puerta cerrada no generan la confianza que necesitamos y merecemos como comunidad y como personas que se unen para lograr el cambio”.
Exigimos que la mediación se abra al público de conformidad con el mandato de participación pública contenido en el decreto de consentimiento del MDHR, que no se aumenten los salarios de los agentes de policía sin reformas significativas como las de nuestras 22 Recomendaciones, y que el Concejo Municipal ejerza su autoridad para rechazar un contrato que es no equilibrado.
