Saint Paul, MN
Tres asociaciones en defensa de los jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. siendo menores, conocidos como “dreamers” (soñadores), defendieron este viernes ante un juez de una Corte de Apelaciones de Nueva York la continuidad del programa que les permite permanecer en el país y que el Gobierno de Trump quiere derogar.
“Nuestro país no se rige a partir de tuits dictados desde un trono. Vivimos en una democracia que se gobierna por el estado de derecho”, insistió uno de los abogados de la causa, Edgar Melgar, en referencia al estilo de toma de decisiones del presidente Donald Trump.
Las asociaciones -Make the Road Nueva York, el Centro Nacional de Legislación Migratoria y la Clínica en Defensa de los Derechos de Trabajadores e Inmigrantes- sostuvieron en el tribunal que el juez de apelación debe rechazar el recurso presentado por la Administración Trump para acabar con el Programa de Acción Diferida (DACA).
El DACA fue instaurado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, para regularizar la presencia de alrededor de 800.000 jóvenes que habían entrado irregularmente al país siendo niños.
En febrero del año pasado, el juez federal Nicholas Garaufis determinó que la decisión gubernamental de terminar con el DACA era ilegal y exigió a la Administración que siguiera protegiendo a los jóvenes que se benefician del programa.
“Incluso hoy cuando el juez le pidió al abogado del Gobierno que ofreciera una explicación para la terminación de DACA, este no pudo dar una explicación clara. Las leyes de nuestra nación lo son: si el Gobierno desea cambiar sus políticas debe explicar su razonamiento al público de una manera clara”, denunció Melgar en las escaleras que acceden a la Corte.
Estas tres asociaciones representan a los demandantes del Estado de Nueva York que, en conjunto con otros 18 estados, presentaron recursos legales a la decisión de la Administración Trump de terminar con el programa.
En representación del Centro Nacional de Legislación Migratoria, la abogada Mayra Joachin tomó la palabra y acusó al Gobierno republicano de provocar que “casi sus vidas caigan en el caos”.
Aunque la decisión judicial tardará varios meses, los demandantes confiaron en que el juez apoyara su postura, tal y como han hecho otras resoluciones en tribunales de Washington y de Texas.
Eliana Fernández, de Make the Road Nueva York, se confesó “muy feliz” de poder defender su situación y la de otros jóvenes “soñadores” que podrían perder su permiso de trabajo y residencia de derogarse el DACA.
“Hemos estado luchando casi dos años y queremos insistir en la importancia de mantener el programa abierto, ya que tiene un gran impacto en la comunidad. Significa mucho”, afirmó la activista al tomar la palabra ante los medios.
“Estamos aquí para proteger y defender el DACA y para recordar que nuestras vidas se asoman al abismo”, aseguró Fernández, que instó al Congreso de los EE.UU. a “hacer su trabajo y encontrar una solución permanente” a la situación irregular de estos jóvenes que han crecido en el país.
La completa integración de los beneficiarios de este programa, así como la defensa de su dignidad, fueron algunos de los argumentos esgrimidos ante el juez por los activistas.
“Este Gobierno debe adherirse a las mismas reglas que han seguido administraciones previas y a las que continuarán adhiriéndose administraciones futuras”, subrayó Melgar en español.
“Un ataque a DACA es un ataque a los valores que siempre han hecho grande a nuestro país”.
Por otro lado, y una vez confirmado hoy un acuerdo para la reapertura del Gobierno tras 35 días de cierre parcial, la asociación Make the Road se congratuló de que el pacto no incluya financiación para la construcción de un muro en la frontera sur de los EE.UU. con México ni para las fuerzas del orden que “aterrorizan a las comunidades fronterizas y a los inmigrantes”.
En una de las propuestas del presidente Trump a los demócratas para reabrir el 25 % de la Administración paralizada, el republicano ofrecía ampliar la vigencia del DACA y permitir a los “dreamers” quedarse en el país a cambio de que aceptasen financiar con 5.700 millones de dólares la construcción de dicho muro.
