MINNEAPOLIS, MN.-
Ecuador, que el jueves declaró persona “non grata” a la embajadora de México, Raquel Serur, por unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, mantenía este viernes la vigilancia policial en las afueras de la sede diplomática de ese país, en Quito, donde el exvicepresidente Jorge Glas ingresó en diciembre pasado y poco después pidió asilo diplomático.
En los exteriores de la Embajada, situada en una zona comercial del norte de Quito estaban esta mañana tres vehículos policiales y uno antimotines. Asimismo, se encontraban en el lugar varios policías.
La presencia policial se mantiene desde hace varios meses en las afueras de la Embajada, donde se encuentra Glas a la espera respuesta de México a su solicitud de asilo.
Glas, que a finales de 2022 salió en libertad tras cumplir cinco años de cárcel por dos condenas por cohecho y asociación ilícita de ocho y seis años de prisión, respectivamente, se encuentra procesado por presunto peculado (malversación) en el caso ‘Reconstrucción’ de la costera provincia de Manabí tras el terremoto de 2016.
Persona “non grata”
En un comunicado, la Cancillería de Ecuador informó el jueves de que invocó el principio de “no intervención” en asuntos internos de otro país y la convención de Viena para tomar la medida diplomática que implica la salida del país de la embajadora tras las declaraciones de López Obrador, sobre el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y las aparentes consecuencias electorales de ese crimen.
Además, indicó que el país aún vive el “luto” por el crimen a tiros de Villavicencio, ocurrido en agosto del año pasado cuando el entonces candidato presidencial salía de un mitin político electoral en un concurrido barrio del norte Quito a plena luz del día.
En una conferencia ante medios de prensa en su país, el mandatario mexicano comentó sobre las consecuencias del asesinato de Villavicencio en el contexto de las elecciones presidenciales del año pasado en Ecuador, que dieron el triunfo al actual mandatario, el empresario Daniel Noboa.
López Obrador dijo que, según su criterio, el crimen de Villavicencio perjudicó sobre todo a Luisa González, la candidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el exgobernante Rafael Correa (2007-2017), seguidor del llamado Socialismo del Siglo XXI.
El gobernante mexicano aseguró que existe una responsabilidad social en el entorno de situaciones de violencia y dijo que de ello tampoco escapan los medios de comunicación.
“En el contexto de las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México”, el Gobierno ecuatoriano “ha decidido “declarar ‘persona non grata’ a la embajadora de México en Quito”, al invocar “el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, precisó la Cancillería en Quito.
“El país continúa enfrentando al crimen organizado trasnacional que amenaza al Estado, sus instituciones democráticas y su población”, agregó.
Asimismo, enfatizó en que el Ministerio de Relaciones Exteriores mantendrá su “firme compromiso de velar de forma permanente por el respeto a la dignidad y soberanía del Estado ecuatoriano y al principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”.
Villavicencio fue acribillado a tiros el 9 de agosto de 2023, a la salida de un mitin electoral en Quito cuando faltaban once días para la celebración de la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias.
Violencia en Ecuador
El asesinato de Villavicencio elevó a cotas inéditas la ola de violencia que azota a Ecuador desde hace unos tres años, por lo que el país se convirtió en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023.
El pasado 8 de enero, Noboa decretó un estado de excepción a escala nacional por los elevados niveles de inseguridad, y declaró una situación de “conflicto armado interno”, por la que pasó a denominar como “terroristas” a 22 grupos de delincuencia organizada.
La espiral de violencia en Ecuador se desató justo después de que Noboa anunciara su decisión de poner en marcha un plan para recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades ha dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
