MINNEAPOLIS,MN
Con más de 3,000 nuevas contrataciones, el doble de capacidad de transporte y consecuencias más graves para quienes crucen la frontera de manera irregular, EE.UU. espera afrontar el que se anticipa que sea un mayor influjo de migrantes y solicitantes de asilo a partir del próximo miércoles.
El 21 de diciembre dejará de aplicarse el Título 42, una norma sanitaria instaurada por el ex presidente Donald Trump (2017-2021), y mantenida por el actual gobierno, que ha permitido hasta ahora expulsar a la mayoría de personas que cruzan la frontera sur.
El gobierno de Biden debe acatar una orden de un juez federal en Washington, D.C., que ordenó a mediados de noviembre levantar la normativa, a la que calificó de “arbitraria y caprichosa”.
Se espera que el fin de esta regla, que prohibió la mayor parte de las solicitudes de asilo en la frontera, conlleve un aumento en la cantidad de personas que llegan al sur de EE.UU. con la esperanza de buscar refugio en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya delineó la estrategia que seguirá para hacer frente a una mayor llegada de migrantes, pero aseguró que el sistema estadounidense “no está diseñado” para lidiar con el flujo migratorio actual.
EE.UU. no tiene la capacidad para “lidiar con el actual nivel migratorio ni con el incremento que se espera en las próximas semanas y meses”, se lee en un documento de siete páginas publicado en la web de DHS donde se detalla la preparación para el fin del Título 42.
Entre las medidas que detalla el documento están unas 3.000 nuevas contrataciones, entre funcionarios y contratistas, para reforzar las agencias migratorias, a la vez que un aumento en la capacidad de transporte, incluyendo rutas aéreas y buses para transportar migrantes dentro de EE.UU. y también para deportarlos si no cumplen con los requisitos para permanecer en el país.
El DHS también planea empezar a utilizar una aplicación para teléfonos móviles que permitirá a los solicitantes de asilo agendar una cita para presentarse a los puertos de entrada y así evitar que las personas crucen de manera irregular la frontera.
A pesar de estas medidas, las autoridades locales y líderes comunitarios en las ciudades fronterizas han alertado que no tienen los suficientes recursos para lidiar con la cantidad de migrantes que se espera entren en el país.
La congresista Verónica Escobar, que representa al distrito 16 de Texas, en donde está El Paso, que limita con Ciudad Juárez en México, aseguró a EFE que la falta de vías legales para que las personas migren a EE.UU. es la principal responsable de la situación en la frontera.
“Es hora de que el país entienda que no podemos seguir cargando con los desafíos financieros y de infraestructura que son consecuencia de la falta de una reforma migratoria”, dijo la legisladora demócrata.
Escobar ha pedido a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que entregue más fondos a El Paso para atender las necesidades de los inmigrantes.
Y es que, a pocos días de que se levante el Título 42, la ciudad fronteriza ya ha visto un aumento en los cruces de migrantes, con un promedio de 2.500 arrestos diarios.
Las autoridades locales ya han dado la alarma, indicando temor por la falta de recursos para atender a un mayor número de personas cuando se levante la polémica norma sanitaria.
La decisión del gobierno Biden de haber mantenido el Título 42 ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos, que la han calificado de ilegal ya que evita que la gran mayoría de personas que desean solicitar asilo en la frontera puedan hacerlo.
Con la excusa de la pandemia del covid-19, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de más de 2.7 millones de migrantes desde que entró en vigor.
El fallo judicial que obligó al gobierno a suspenderla proviene de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alega que el Título 42 pone a las personas inmigrantes en una situación de peligro y viola la ley de asilo estadounidense.
Cuando esta regla sea suspendida se aplicará el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al Gobierno para deportar e incluso imponer penas a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles.
