MINNEAPOLIS, MN
Un juez federal en Tennessee aprobó hoy una conciliación por la cual el Gobierno de Estados Unidos pagará 1,17 millones de dólares a decenas de inmigrantes capturados durante una redada en una planta de procesamiento de carnes hace casi cinco años.
Los demandantes alegaron que los agentes federales violaron los derechos civiles de los trabajadores, incluyendo el uso excesivo de la fuerza y el haberlos arrestado por la mera razón de su grupo étnico.
De acuerdo con la conciliación, las personas incluidas en la demanda colectiva recibirán un total de 550.000 dólares y, si la solicitan, obtendrán una carta del Servicio de Control Inmigración y Aduanas (ICE) confirmando su pertenencia al grupo que podrá incluirse si tramitan beneficios migratorios.
Además, el Gobierno federal deberá pagar 475.000 dólares a seis de esas personas para resolver sus demandas por uso excesivo de la fuerza y arresto ilegal, y más 150.000 dólares para cubrir los gastos de abogados y de las organizaciones que respaldaron la querella de los trabajadores.
Meredith Stewart, abogada de Southern Poverty Law Center (SPLC), organización que representó a los demandantes dijo en un comunicado que el acuerdo sin precedentes “demuestra que nosotros, como nación, no toleraremos la discriminación racial. Ese tipo de vigilancia va en contra no solo de nuestros derechos sino también de nuestros valores”.
La redada el 5 de abril de 2018, la mayor del país en un sitio de trabajo en una década, la llevaron a cabo agentes del ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Recaudación Interna (IRS), la Patrulla de Caminos de Tennessee y el Departamento de Policía de la ciudad de Morristown, del condado de Hamblen.
Las autoridades federales indicaron que la acción apuntaba a James Brantley, dueño del matadero y empaquetadora de carnes Southeastern Provisions, en el este de Tennessee, por supuestos delitos financieros, incluido fraude tributario.
Aunque la orden de allanamiento que autorizó la incursión hacía referencia a la posible presencia de inmigrantes indocumentados en la planta, no autorizaba la captura, detención o arresto de persona alguna, documentada o indocumentada.
En la operación los agentes federales y policiales fuertemente armados rodearon la planta y bloquearon todas las salidas y calles aledañas, al tiempo que un helicóptero de vigilancia sobrevolaba el lugar. Según los demandantes, algunos agentes usaron fuerza excesiva e insultaron a los trabajadores latinos.
Los agentes federales encontraron evidencias de que los gerentes de la planta usaban cantidades sustanciales de dinero en efectivo para el pago directo a los trabajadores, evitando los requisitos de registro y documentación que les obligaban a pagar impuestos sobre los sueldos.
A muchos de los trabajadores latinos ni siquiera se les preguntó acerca de sus documentos hasta varias horas después de la redada. A los detenidos se les ordenó que formaran filas, fueron registrados, se les ordenó subirse a camionetas y fueron llevados a un sitio a unos 32 kilómetros de la planta.
Nada de todo esto afectó a los trabajadores no latinos, a quienes se les permitió salir de la planta sin problemas.
La Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) concurrió de inmediato al sitio y colaboró en la reunión de las familias, la localización de los individuos detenidos y la atención inmediata de las necesidades de las familias.
De acuerdo con TIRCC, más de 150 niños y niñas fueron afectados por la detención de sus padres o madres, y al día siguiente de la redada casi 600 escolares no asistieron a clase debido al temor en la comunidad.
El Centro Nacional de Ley de Inmigración, el Southern Poverty Law Center y los abogados que asistieron a los trabajadores en sus querellas han afirmado que el propósito de la acción policial fue la captura de inmigrantes y tuvo un impacto grave y duradero sobre la comunidad local.
