SAINT PAUL, MN
El presidente Donald Trump no podrá concretar la cancelación definitiva del TPS, que protege a más de 300.000 inmigrantes, sin tomar en cuenta el multimillonario impacto que podría sufrir la ya debilitada economía de Estados Unidos, alertaron expertos este martes.
Trump, que, según el director ejecutivo de Alianza Américas, Oscar Chacón, usa la imagen del extranjero para “aumentar el miedo y el temor” en la población estadounidense y ganar votos, quedó con las manos libres para terminar con el programa de Estatuto de Protección Temporal (TPS, en inglés) para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití.
El activista dijo que el fallo de un tribunal de apelaciones dejó sobre la mesa la probabilidad de deportar a unos 300.000 salvadoreños, 5.000 nicaragüenses, 1.000 sudaneses y 58.000 haitianos, sin importar que se trata de familias que han vivido legalmente más de 20 años en este país y tienen hijos ciudadanos.
Pero el presidente, que centra buena parte de sus políticas en la bonanza económica del país, estaría dejando de lado las pérdidas económicas que sufriría el país, afirmó, sin tener en cuenta además que los países de donde proceden esos inmigrantes, no solo perderían el beneficio de remesas vitales enviadas desde los EE.UU, sino que además no están en condiciones de recibir deportados.
PÉRDIDAS MILMILLONARIAS
Chacón dijo que la eliminación del programa es “un capricho político e ideológico” del presidente, que no le permite ver que se trata de personas “altamente beneficiosas para la nación”, como generadoras de riqueza y contribuyentes, agregó.
“Son miles de millones de dólares que se dejarán de recaudar” por concepto de aportes a la Seguridad Social y al programa federal Medicare de atención médica, con impacto además en el producto bruto interno del país, señaló sobre una situación que llegaría cuando EE.UU. se intenta recuperar de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.
El TPS es una protección migratoria con la que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
El Salvador fue incluido en este programa en 2001, Nicaragua en 1999, Sudán en 1997 y Haití en el año 2010.
LOS “TEPESIANOS”, UNA FUENTE DE RIQUEZA NACIONAL
Según estudios realizados sobre la contribución económica de los beneficiados con el TPS, si todos fueran deportados y desaparecieran del mercado laboral, el fondo de pensiones del Seguro Social y el Medicare perderían casi 7.000 millones de dólares de contribuciones en una década.
“Las consecuencias económicas serían muy serias”, dijo Jeremy Robbins, director ejecutivo de New American Economy.
Los beneficiados con el TPS tienen una participación de más del 94 % en la fuerza laboral, pagan más de 1.000 millones de dólares en impuestos y tienen un poder de compra de más de 7.000 millones de dólares, “que será crucial para la recuperación económica en los meses y años que vienen”, declaró a Efe.
Se estima que, para pagar los costos de despido de toda esa gente, que ha vivido y trabajado legalmente en el país durante décadas, los empleadores tendrían que gastar unos 967 millones de dólares.
Las áreas metropolitanas más afectadas por la falta de mano de obra de salvadoreños, nicaragüenses y haitianos serían las de Florida, Nueva York, California, Texas, Maryland y Virginia.
Además, el impacto en el producto bruto interno del país sería de una reducción de unos 45.000 millones de dólares.
“Los beneficiados con el TPS tienen lazos excepcionales y están profundamente incrustados en nuestra economía y comunidades”, dijo a Efe Tom Jawetz, vicepresidente de política migratoria del Center for American Progress.
Señaló que son unas 600.000 personas que viven en hogares con un miembro de la familia protegido por el TPS, además de 279.000 niños ciudadanos, hijos de esos inmigrantes.
EFECTOS MULTILATERALES
Según Jawetz, la economía se beneficia con el aporte de este grupo, que maneja pequeños negocios propios y trabaja principalmente en construcción, limpieza, mantenimiento, salud y cuidado de niños.
Un estudio del centro señala que un tercio de estos hogares tiene una hipoteca, por lo que su salida obligada del país tendría una gran repercusión negativa en el mercado inmobiliario.
“Nadie gana cuando revocamos el estatus legal de gente que ha vivido aquí durante décadas, ha pagado impuestos y ha contribuido con sus comunidades. El Congreso debería intervenir de inmediato y protegerlos”, afirmó por su parte Beth Werlin, directora ejecutiva del American Immigration Council.
Sin embargo, el congresista demócrata por Illinois, Jesús “Chuy” García, dijo a Efe que, si bien el TPS no se cancelará por lo menos hasta marzo de 2021, el camino legal a seguir para la mayoría es incierto, inclusive a nivel legislativo.
Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes pueden impugnar la decisión del tribunal de apelaciones, pero Chacón considera que antes serán cruciales las elecciones del 3 de noviembre.
En su opinión, si el candidato presidencial demócrata Joe Biden consigue desalojar al republicano Trump de la Casa Blanca podría poner en marcha medidas que garanticen la protección de los inmigrantes. “Es una fuente de esperanza”, concluyó.
