ST. PAUL, MN
El Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, anunció hoy que se unió a un coalición bipartidista de 23 fiscales generales en la oposición a ciertos términos de un acuerdo de demanda colectiva nacional propuesto con 3M por contaminar el suministro de agua potable de los estadounidenses.
Según el acuerdo propuesto, todos los proveedores públicos de agua del país participarían en una resolución de demanda colectiva que eliminaría cualquier reclamo que hayan presentado, o que puedan presentar en el futuro, contra 3M por su uso de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, comúnmente denominadas como “PFAS” o “químicos para siempre” tóxicos, en una amplia gama de productos de consumo y espumas contra incendios. Los PFAS son estables en el medio ambiente, resistentes a la degradación, persistentes en el suelo y se sabe que se filtran a las aguas subterráneas.
El estado de Minnesota presentó un caso individual propio contra 3M en 2010 que se resolvió en 2018 con un acuerdo histórico de $850 millones destinado como primera prioridad a abordar el agua potable del área metropolitana este. Los proyectos con ese fin están en marcha de conformidad con el Plan Integral de Suministro de Agua Potable del Estado, que fue desarrollado por la Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota y el Departamento de Recursos Naturales.
Sin embargo, el acuerdo de demanda colectiva nacional propuesto con los proveedores públicos de agua se aplicaría a casi todos los proveedores públicos de agua en los Estados Unidos, incluso a aquellos que no han demandado e incluso a aquellos que aún tienen que probar o incluso detectar la presencia de PFAS en su agua, mucho menos determinar el costo total de abordarla. A cambio de renunciar a sus reclamos, 3M pagaría entre $10,500 y $12,500 millones a los proveedores de agua.
En el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Carolina del Sur, donde se está considerando el acuerdo de demanda colectiva propuesto, el Fiscal General Ellison y la coalición bipartidista presentaron su oposición a ciertos términos preocupantes del acuerdo. Los términos a los que se oponen incluyen una cláusula de indemnización que podría leerse para colocar la responsabilidad de 3M por PFAS en los sistemas públicos de agua, y un aviso a los posibles miembros de la clase que no revela cuánto del acuerdo puede esperar recibir cualquier miembro de la clase. Además, si se aprueba el acuerdo propuesto, los proveedores públicos de agua tendrían solo 60 días para actuar, a lo que también se opusieron el Fiscal General Ellison y la coalición.
“El acceso a un medio ambiente limpio y un suministro de agua limpia y saludable es fundamental para todos los habitantes de Minnesota”, dijo el Fiscal General Ellison. “Si bien este acuerdo marca un paso adelante, debe proteger adecuadamente nuestros sistemas públicos de agua y nuestra gente. Hemos identificado varios problemas con el acuerdo propuesto que podrían hacer que no alcance ese objetivo, por lo que nos hemos pronunciado en contra de algunos términos del acuerdo. Trabajaremos arduamente para asegurarnos de que este acuerdo de conciliación sea capaz de cumplir su promesa”.
Junto al fiscal general Ellison para oponerse al acuerdo propuesto se encuentran el fiscal general de California, Rob Bonta, quien dirigió el informe bipartidista, y los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Islas Marianas del Norte, Ohio, Pensilvania, Puerto Rico, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont y Wisconsin.
