SAINT PAUL, MN
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, se unió hoy a una coalición de 21 fiscales generales para demandar a la administración Trump y detener el desmantelamiento del Departamento de Educación (ED). El martes 11 de marzo, la administración Trump anunció que el ED despediría a aproximadamente el 50 % de su personal como parte de su objetivo de un “cierre total” del Departamento. Hoy, el fiscal general Ellison y la coalición presentaron una demanda para detener la destrucción selectiva de esta importante agencia federal que garantiza que decenas de millones de estudiantes reciban una educación de alta calidad y recursos esenciales.
“Lo diré tantas veces como sea necesario: Donald Trump no es un rey y no permitiré que sea un dictador. No tiene la autoridad para cerrar efectivamente un departamento federal completo autorizado por el Congreso, y su intento de hacerlo es ilegal e inconstitucional”, declaró el Fiscal General Ellison. “Me uno a mis colegas fiscales generales para exigirle cuentas y proteger a las decenas de millones de estudiantes estadounidenses —sin mencionar a sus familias, maestros, administradores y auxiliares docentes— que dependen del Departamento para recibir una educación de alta calidad y el apoyo que necesitan para tener éxito en la escuela.
“Cuando nuestros hijos triunfan, todos triunfamos. El hecho de que Donald Trump haya lanzado otro ataque contra nuestros hijos es otra prueba de que solo los multimillonarios son los beneficiarios en Estados Unidos”, continuó el Fiscal General Ellison.
Los programas del Departamento de Educación sirven a casi 18,200 distritos escolares y más de 50,000,000 de estudiantes K-12 que asisten a aproximadamente 98,000 escuelas públicas y 32,000 escuelas privadas en todo el país. Sus programas de educación superior brindan servicios y apoyo a más de 12,000,000 de estudiantes postsecundarios anualmente. Los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de familias de bajos ingresos son algunos de los principales beneficiarios de los servicios y fondos del Departamento de Educación. Los fondos federales del Departamento de Educación para educación especial incluyen apoyo para tecnología de asistencia para estudiantes con discapacidades, salarios y beneficios para maestros, transporte para ayudar a los niños a recibir los servicios y la programación que necesitan, servicios de fisioterapia y terapia del habla, y trabajadores sociales para ayudar a gestionar la experiencia educativa de los estudiantes. El Departamento de Educación también apoya a los estudiantes en comunidades rurales al ofrecer programas diseñados para ayudar a los distritos escolares rurales que a menudo carecen del personal y los recursos necesarios para competir por subvenciones competitivas.
Como afirman el Fiscal General Ellison y la coalición en la demanda, desmantelar el Departamento de Educación tendrá efectos devastadores para estados como Minnesota. El despido masivo del gobierno incapacitará al Departamento de Educación y no podrá realizar funciones esenciales. Según la demanda, las acciones del gobierno privarán a los estudiantes con necesidades especiales de recursos y apoyo esenciales. Desmantelarán la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, que protege a los estudiantes de la discriminación y la agresión sexual. Además, obstaculizarán la tramitación de ayuda financiera, lo que aumentará los costos para los estudiantes universitarios, quienes tendrán más dificultades para acceder a préstamos, Becas Pell y programas de estudio y trabajo.
Con esta demanda, el Fiscal General Ellison y la coalición buscan una orden judicial para detener las políticas del gobierno para desmantelar el Departamento de Educación (ED) mediante la drástica reducción de su personal y sus programas. El Fiscal General Ellison y la coalición argumentan que las acciones del gobierno para desmantelar el ED son ilegales e inconstitucionales. El Departamento es una agencia ejecutiva autorizada por el Congreso, con numerosas leyes que crean sus diversos programas y fuentes de financiación. La demanda de la coalición afirma que el Poder Ejecutivo no tiene la autoridad legal para incapacitarlo o desmantelarlo unilateralmente sin una ley del Congreso.
Junto al Fiscal General Ellison en la presentación de la demanda están los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
