Washington,  (EFEUSA).-

La polémica por la inclusión de una pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020 llegó hoy a la Corte Suprema, entre arengas que retumbaban a las afueras de la sede judicial y las posiciones encontradas de los magistrados.

Los nueve jueces del Supremo, cinco conservadores y cuatro progresistas, escucharon durante cerca de 80 minutos los argumentos a favor y en contra de la pregunta, no incluida en estos cuestionarios desde 1950 y que ha sido rechazada por las cortes federales de California, Nueva York y Maryland.

El procurador general, Noel Francisco, encargado de defender al Gobierno del presidente Donald Trump en los tribunales, esgrimió los argumentos a favor de la interrogante propuesta en marzo de 2018 por el secretario de Comercio, Wilbur Ross.

El procurador, según medios locales, apuntó que Ross, pese a entender los inconvenientes que podría acarrear la pregunta, “llegó a la conclusión de que los beneficios superaban los costes”.

No obstante, la jueza Sonia Sotomayor le replicó que “el conteo es la cantidad de personas que residen” en el país, “no cuántos son ciudadanos”.

“No hay duda de que la gente responderá menos”, admitió Sotomayor, de acuerdo con medios locales, en alusión a uno de los reclamos de los críticos de la propuesta de la Administración Trump, para quienes incluir la consulta sobre la ciudadanía disuadiría a los inmigrantes en situación irregular de participar en el censo.

Un estudio de la propia Oficina del Censo mostró que al menos 6,5 millones de personas no participarían en la consulta en caso de que se incluya esa interrogante.

Las versiones periodísticas indicaron además que los magistrados conservadores se mostraron por instantes a favor de permitir que la inclusión de la pregunta prospere.

A las afueras del edificio del Supremo, activistas a favor de los inmigrantes -en su mayoría hispanos-, de comunidades afrodescendientes y religiosos protestaban en contra de la pregunta.

“La Constitución dice que se cuente a todos no solo a ciudadanos”, se leía en uno de los carteles que exhibía una de las cerca de cien manifestantes que aguardaban el fin de la sesión en el Supremo, e incluso representantes de comunidades asiáticas reclamaban que no los hagan invisibles.

“Esa es una pregunta que es racista, es manipuladora, se está utilizando algo tan sagrado como es los derechos civiles para justificar una pregunta racista“, dijo a Efe Gustavo Torres, director de la organización latina y proinmigrante CASA de Maryland.

Torres advirtió de que la “intención fundamental” es eliminar a 6,5 millones de personas del censo, lo que, a su juicio, puede afectar asuntos cruciales como la distribución de recursos federales y la misma asignación de escaños en la Cámara de Representantes.

“La razón porque es tan importante que la gente se haga contar es porque aquí en este país esa información se utiliza cada diez años para asignar los fondos por los próximos diez años que van para la educación, para la salud, para la vivienda, para la recreación de nuestras familias”, agregó.

Por su parte, Cataliza Aristizábal, codirectora del equipo de la organización “Se hace camino Nueva York” (“Make the road New York”), enfatizó en la importancia del censo para determinar la representación legislativa.

“Para Nueva York, que es un estado muy poblado, nosotros podríamos perder hasta dos representantes en la Cámara (Baja) si no nos cuentan a todos”, alertó.

En la misma línea se han pronunciado sectores de estados como California, Arizona, Florida, Illinois y Texas.

Aristizábal consideró que este “es un cambio” para el censo, pero además “es otra táctica de esta Administración, que ha sido muy antiinmigrante”.

“Este Gobierno se excusa con los inmigrantes para no mostrar que no está haciendo otras cosas a nivel federal”, subrayó.