MINNEAPOLIS, MN
Tras ser excluidos de las ayudas federales distribuidas por la emergencia del coronavirus, universitarios amparados por la Acción Diferida (DACA) esperan que los colegios y universidades no se olviden de ellos y les den ayudas financieras para poder terminar el semestre y continuar sus estudios.
“Espero que las entidades educativas encuentren la forma de ayudarnos, no podemos resistir otro ataque tan inhumano motivado por la política”, dijo a Efe Manuel Jiménez, un migrante hondureño protegido por DACA, que reside en Los Ángeles.
RECHAZADOS POR SER INDOCUMENTADOS
El llamado de los “soñadores” a sus universidades se da luego de que la secretaria de Educación, Betsy DeVos, ordenara a las instituciones educativas excluir a los estudiantes protegidos por DACA del fondo de becas por 6.000 millones de dólares que el gobierno federal otorgó para ayudar a los alumnos a cubrir gastos imprevistos derivados de la pandemia de la COVID-19.
“A los soñadores siempre nos han visto como un grupo inferior. Nosotros también necesitamos esa asistencia, en mi caso tengo un niño de tres años ciudadano estadounidense, y estoy estudiando para salir adelante pero parece que eso no importa”, apunta Karen Cid, una estudiante mexicana amparada por DACA.
En un principio el Departamento de Educación dio a los centros flexibilidad para distribuir el dinero, pero DeVos modificó esta semana la regulación argumentando que las ayudas financiadas por el contribuyente deben ir dirigidas a los ciudadanos estadounidenses.
“Deben hacer el esfuerzo porque los dineros se asignaron dependiendo al número de estudiantes vulnerables que estas universidades reportan. La mayoría de ‘soñadores’ fueron incluidos en estos números”, subraya a Efe Luis Cortes, abogado protegido por DACA
Cortes hace parte del equipo de juristas que defiende el programa creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama ante el Tribunal Supremo, que debe emitir antes de junio un veredicto sobre la permanencia de este amparo, destaca que este es el momento en que las instituciones muestren su voluntad de ayudar a sus estudiantes más necesitados.
EL CORONAVIRUS EMPEORÓ TODO
Las medidas de emergencia para controlar el brote de coronavirus terminaron de afectar la situación económica de muchos estudiantes, que incluso antes de la pandemia ya tenían problemas en sus finanzas.
Este es el caso de Jiménez, quién años atrás tuvo que abandonar la universidad para poder trabajar y ayudar a su progenitora que estaba enferma.
Ahora, en su segundo impulso, el joven de 23 años y que llegó a Estados Unidos desde su natal Nicaragua cuando tenía un año de edad, estudia Ciencias Políticas en el Colegio Comunitario de Pasadena.
No obstante, la COVID-19 lo ha puesto nuevamente en un camino muy complicado de atravesar. “No tengo internet en mi casa, así que tengo que ir a casa de otros para acceder a mis clases”, explica.
Jiménez también vio sus horas de trabajo reducirse. La frustración lo impulsó a emitir un mensaje en vídeo a través de las redes sociales y en el que cataloga la decisión de DeVos de “inhumana”.
En California, las universidades públicas y privadas recibirán más de 1.700 millones de dólares para sus estudiantes.
HIJOS DE TRABAJADORES ESENCIALES
La decepción por el último ataque del gobierno del presidente Donald Trump aumenta entre los hijos de trabajadores esenciales como Cid, nacida en Puebla (México).
“Mis padres trabajan en el campo, y a ellos no les ha llegado ninguna ayuda del gobierno federal, por el contrario son ellos los que me están ayudando a mi y a mi hijo”, cuenta Cid, que llegó a California de la mano de sus padres a los 3 años.
La joven, que estudia Sociología y Psicología simultáneamente en el Colegio de Bakersfield, en el Valle Central de California, ha visto su economía golpeada y está tratando de terminar su semestre desde casa.
Aunque Cid no recibirá ayuda, la “soñadora” presta asistencia a sus compañeros de universidad al hacer parte del Programa Educacional de Oportunidades, que ayuda a estudiantes de bajos recursos.
La situación económica que está atravesando la está haciendo trabajar con sus padres los fines de semana, vendiendo fruta, incluso en el estado vecino de Utah.
“No voy a dejar que mis sueños, los de mis padres, y los de mi hijo se acaben por la falta de humanidad de este gobierno”, señala.
CRUELDAD SIN LIMITES
Para Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), “la crueldad de esta administración no tiene límites”.
“Este último decreto no es sorprendente en absoluto, pero muestra la omnipresente falta de liderazgo en todos los departamentos de una Administración que elige poner en peligro la salud de la nación en aras de una agenda nacionalista blanca”, apunta la activista.
Un reciente estudio realizado por New American Economy encontró que unos 454.000 inmigrantes indocumentados están matriculados en colegios y universidades de Estados Unidos y, de ellos, 216.000 son elegibles para DACA.
El 82 % de los estudiantes indocumentados está matriculado en instituciones públicas y, según el informe, los alumnos latinos son el 46 % de este contingente.
Tanto los activistas como los soñadores destacan que los estragos económicos están dejando a muchos de estos estudiantes sin el dinero suficiente para realizar las renovaciones por dos años de sus permisos de trabajo antes que el Tribunal Supremo emita su decisión.
“Es una carrera por ganar dos años más, y para eso se necesitan fondos que muchos no tienen ahora”, recalca Cortes.
