Austin (TX), 27 jul (EFEUSA).
Activistas en defensa de los migrantes víctimas de la “tolerancia cero” exigieron hoy al Gobierno aclarar la situación de los niños cuyos padres fueron declarados “no elegibles” para la reunificación familiar, y evaluaron las cifras tras el vencimiento este jueves del plazo judicial.
Estas organizaciones califican el proceso realizado por la Administración del presidente Donald Trump como un “desorden” sin transparencia ni previsión, puesto que a pesar de reunir a 1.820 familias, según cifras oficiales, aún falta por conocer el futuro de 711 menores que permanecen en custodia.
El juez federal de California Dana Sabraw obligó a las autoridades a reunificar, antes del 26 de julio, a 2.551 niños separados de sus familias en la frontera con México hace varios meses, aunque el Gobierno declaró que no todos los padres eran “elegibles” para ello.
“Ellos dicen que esos padres no son elegibles por su historial criminal, pero no revelan si esos delitos se produjeron en sus países de origen, si son faltas menores o se trata de una sanción por entrada ilegal reiterada”, explicó el director de Justicia Racial y Económica de Texas Civil Rights Project (TCRP), Efrén Olivares.
El abogado ahondó en esta problemática ante el “caos” del Gobierno que, en su opinión, desde el principio nunca tuvo un plan para la reunificación y ha provocado que se desconozca el futuro de los 431 niños que están en un “limbo” legal, debido a que sus padres han sido deportados a sus países de origen.“Es una buena pregunta para el Gobierno, que es el que tiene que aclarar los motivos que le han llevado a clasificar a los padres deportados como ‘no elegibles’, no sabemos cómo van a solucionar esta diferencia”, detalló Olivares en una conferencia de prensa.
En cuanto a las familias reunificadas, tampoco consideraron que el proceso siguiera un procedimiento adecuado y aseguraron que se realizó en un constante ambiente de “confusión” y falta de implicación.
Las organizaciones sin ánimo de lucro de la región fronteriza de Texas están siendo las encargadas de ofrecer alojamiento, asesoría legal e incluso ayudas económicas a las familias liberadas que deben emprender el viaje a su país, o a otras zonas de EE.UU., con tan solo “la ropa que llevaban el día de la detención”.
TCRP, que trabaja en la ciudad de McAllen (Texas), lleva el caso de 381 padres inmigrantes, de los cuales confirmaron que 76 han sido reunificados y liberados, 34 reunificados pero se mantienen en centros de detención familiares, 65 siguen detenidos sin sus hijos, 7 deportados y del resto no pueden certificar su estado.
“Dentro de este caos se producen situaciones como la de una madre a la que le iban a entregar la hija equivocada, pueden imaginar la emoción de una mujer que lleva meses sin ver a su pequeña y aparecen con alguien que no es, inmediatamente preguntó: ¿Qué hicieron con nuestros hijos?”, narró Olivares.
En el documento ofrecido por el Gobierno, sostuvieron que 120 menores están aún en los centros de detención porque sus progenitores han renunciado a la reagrupación.
Sin embargo, la organización defensora de los derechos civiles afirma que algunos padres no entendieron que estaban renunciando a sus derechos, ya que muchos reciben el documento en inglés pese a que hablan español o incluso solo pueden comunicarse en sus lenguas indígenas.
La Asociación Americana de Abogados para la Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), explicó en un comunicado que han presentado declaraciones juradas ante los tribunales en las que indican que “se obligó a los padres a firmar sus deportaciones o se les hizo creer que se reunirían más rápidamente con sus hijos si aceptaban la expulsión”.
