MINNEAPOLIS, MN
El legendario exmariscal de campo de la Liga Nacional de Fútbol (NFL) Brett Favre debe devolver 1,1 millón de dólares que recibió por múltiples discursos a los que no se presentó
Así lo dio a conocer este miércoles el auditor estatal de Mississippi.
El auditor Shad White informó que su oficina recibió 500.000 dólares de parte de Favre, el miércoles, más un compromiso de que el exmariscal de campo pagará los otros 600.000 en cuotas en los próximos meses.
La primera devolución llegó dos días después de que White lanzase una auditoría de gastos del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi que mostró que el exjugador había recibido un pago de parte del Centro de Educación Comunitaria de Mississippi, un grupo sin fines de lucro cuyo exlíder ha sido acusado de malversación de fondos sociales.
“Quiero aplaudir al señor Favre por su esfuerzo de buena fe para hacer esto bien y hacer que los contribuyentes estén reivindicados“, subrayó White en un comunicado.
Agregó que no han visto registros que indiquen que Favre sabía que un programa social sirvió como fuente del dinero que le pagaron.
El informe del auditor señaló que los líderes de Servicios Humanos, particularmente Davis, “participaron en una conspiración generalizada para eludir los controles internos, la ley estatal y las regulaciones federales” con la intención de dirigir el dinero de la subvención a ciertas personas y grupos.
Davis instruyó a dos grupos que recibieron subvenciones, el Centro de Educación Comunitaria de Mississippi y el Centro de Recursos Familiares de North Mississippi, para que gastasen dinero con ciertas otras personas o grupos, según el informe del auditor.
White explicó que los dos grupos sin fines de lucro recibieron más de 98 millones en subvenciones del Departamento de Servicios Humanos durante los tres años que terminaron el 30 de junio.
La mayor parte del dinero provino de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.
White destacó que la auditoría se enviará al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y los funcionarios federales decidirán si sancionan al estado por malversación de fondos.
