SAINT PAUL, MN
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, se unió a una coalición de 17 fiscales generales para presentar un escrito amicus instando a la Corte Suprema de los Estados Unidos a afirmar la decisión de un tribunal inferior que reconoce el derecho individual de los beneficiarios de Medicaid a recibir atención de los proveedores calificados de su elección, incluido Planned Parenthood.
En 2018, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, emitió una orden ejecutiva que instruía al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Sur a eliminar de la lista estatal de proveedores de Medicaid a cualquier organización que prestara servicios de aborto, incluyendo Planned Parenthood. Un beneficiario de Medicaid de Carolina del Sur impugnó la decisión estatal, y un tribunal federal de distrito dictaminó que la exclusión de Planned Parenthood por parte del estado era ilegal.
En marzo de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos confirmó la decisión del tribunal de primera instancia, sosteniendo que la Ley de Medicaid otorga a los pacientes la libertad de elegir a sus propios proveedores de atención médica calificados, a pesar de la acción del gobernador. Carolina del Sur solicitó la revisión de la decisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que escuchará el caso el miércoles 2 de abril.
“El gobierno federal no debería jugar con la política de la salud, pero eso es precisamente lo que están haciendo aquí”, dijo el Fiscal General Ellison. “Mis colegas fiscales generales y yo luchamos para impedir que el gobierno controle minuciosamente qué médicos o proveedores de atención médica pueden visitar los beneficiarios de Medicaid. Las opciones de atención médica de nadie deben utilizarse jamás como un instrumento político”.
Como explica el escrito amicus curiae de la coalición, Medicaid garantiza que las poblaciones vulnerables puedan acceder a una atención médica segura, asequible y de calidad.
Para que el programa Medicaid funcione eficazmente, los pacientes deben poder acceder a una amplia variedad de proveedores médicos, incluyendo proveedores de salud reproductiva. Además de brindar servicios de aborto, Planned Parenthood también ofrece anticonceptivos, pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual, atención preventiva y chequeos de rutina para mujeres, exámenes físicos y otros servicios de salud para hombres, y servicios educativos. Estos servicios son vitales para las poblaciones que históricamente han tenido cobertura insuficiente.
El escrito de la coalición argumenta que, si bien los estados tienen considerable discreción para implementar los programas de Medicaid, existen salvaguardas específicas, como la libre elección de proveedor, para contrarrestar específicamente las políticas estatales que restringen a los beneficiarios de Medicaid a un subconjunto limitado de proveedores de atención médica, protegiendo así las decisiones de los pacientes sobre su atención médica de la microgestión gubernamental. Esta libre elección de proveedor otorga a los pacientes, y no al gobierno estatal, la libertad de elegir a sus propios proveedores de atención médica. La coalición argumenta que los esfuerzos de Carolina del Sur por obstaculizar la elección de los pacientes ilustran con precisión por qué el Congreso consideró necesario salvaguardar los derechos individuales en el ámbito de la atención médica.
Junto al Fiscal General Ellison en la presentación del informe, que fue encabezado por la Fiscal General de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, estuvieron los fiscales generales de California, Colorado, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Maryland, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island y Washington.
