SAINT PAUL, MN.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció hoy que su oficina ha presentado una nueva demanda de ejecución civil. y una moción de emergencia contra Investment Property Group, UT, Inc., (IPG), alegando que el propietario comenzó a cobrar a miles de inquilinos en numerosos complejos de apartamentos de Minnesota tarifas exorbitantes de servicios públicos de electricidad y gas en medio de sus contratos de arrendamiento, en violación de varias leyes. A principios de este año, IPG instituyó sus tarifas ilegales de servicios públicos, algunas de hasta 200 dólares al mes, en 13 de sus complejos en el condado de Hennepin, la mayoría de ellos en Minneapolis. La moción de orden judicial temporal solicita al tribunal que ordene a IPG que cese las acciones de desalojo de 21 inquilinos en los 13 complejos de apartamentos por no pagar los cargos ilegales y que deje de cobrarlos a todos los inquilinos.
“Ya es bastante difícil para los inquilinos de bajos ingresos permitirse la vida. Cuando los propietarios les cobran tarifas adicionales ilegales que nunca aceptaron pagar, y luego intentan desalojarlos cuando no pagan esas tarifas ilegales, intervendré para detenerlo”, dijo el Fiscal General Ellison.
La ley de Minnesota exige explícitamente que los propietarios que alquilan apartamentos multifamiliares con un solo medidor de servicios públicos (en lugar de un medidor para cada apartamento) revelen varios hechos antes de cobrar a sus inquilinos una parte de los servicios públicos compartidos del edificio. La ley ( Estatutos de Minnesota, sección 504B.215 ) exige que antes de que los solicitantes de alquiler firmen un contrato de arrendamiento, el propietario les informe de los costos de servicios públicos anteriores del edificio para que puedan tomar una decisión informada sobre si mudarse o no. La ley también exige que los propietarios proporcionen la fórmula exacta utilizada para distribuir los costos de servicios públicos del edificio a cada apartamento y proporcionen a los inquilinos copias de las facturas de los edificios para que puedan verificar que no se les esté cobrando de más. Por último, la ley exige que los propietarios proporcionen información sobre asistencia con los servicios públicos a los inquilinos para que los inquilinos de bajos ingresos puedan obtener ayuda con sus facturas.
IPG no cumplió con ninguno de los requisitos legales de divulgación al cobrar a sus inquilinos por el uso de servicios públicos de electricidad y gas de sus edificios y, de hecho, comenzó a cobrarles en medio de los contratos de arrendamiento de los inquilinos.
La demanda del AG también busca impedir que IPG desaloje a cualquiera de sus inquilinos por falta de pago de las tarifas ilegales de servicios públicos. En abril de 2023, IPG presentó docenas de acciones de desalojo ilegal contra sus inquilinos en Greenway Apartments basándose en tarifas de servicios públicos falsas e ilegales, que la compañía desestimó y eliminó después de que interviniera la Oficina del Fiscal General Ellison. La moción que la oficina del Fiscal General Ellison presentó busca impedir que IPG haga lo mismo con al menos 21 inquilinos más en 13 complejos de apartamentos del condado de Hennepin: Aldrich Apartments, Bolero Flats Apartments, Cambridge Towers, Creek Point, Central Park Manor, Hopkins Apartments, Grandview Terrace Apartments, Greenway Apartments, Knollwood Towers, Lyndy Apartments, Maven Apartments, Parkview Apartments y Wayzata Woods Apartments.
