SAINT PAUL, MN
El Fiscal General de Minnesota, Keith, se unió hoy a una coalición de 15 estados, el Distrito de Columbia y el gobernador de Pensilvania para demandar a la administración Trump y restaurar el acceso de los estados a programas críticos del Departamento de Educación (ED) que apoyan a estudiantes de bajos ingresos y sin hogar, y que proporcionan fondos para otros servicios para abordar los efectos a largo plazo de la pandemia de COVID-19 en los estudiantes de K-12.
El 28 de marzo, el ED notificó a los estados que terminaría unilateralmente el acceso a cientos de millones de dólares en subvenciones de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense(ARPA), a las que el ED había determinado previamente que los estados podrían acceder hasta marzo de 2026. El repentino cambio de postura del ED y la terminación arbitraria del acceso de los estados a estos fondos han creado un enorme déficit presupuestario para los departamentos de educación estatales y los distritos escolares locales que causará graves daños a los estudiantes de todo el país.
“La cruel e imprudente violación de la ley por parte de la Administración Trump continúa”, declaró el Fiscal General Ellison . “Recortar arbitrariamente los fondos para ayudar a los niños de bajos ingresos y sin hogar perjudica no solo a estos niños, sino también a los contribuyentes de cada distrito escolar y estado, quienes tendrán que asumir la carga. También alegamos que estos recortes son ilegales, por lo que exigimos cuentas a la Administración una vez más para que cumpla con la ley y deje de perjudicar a los estadounidenses, especialmente a nuestros niños más vulnerables”.
Para combatir los efectos a largo plazo de la pandemia de COVID-19, ARPA financió tres programas educativos para apoyar a los sistemas escolares estatales y destinar más recursos a los estudiantes más vulnerables. Estos tres programas —Niños y Jóvenes sin Hogar (HCY), Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) y Asistencia de Emergencia para Escuelas No Públicas (EANS)— proporcionan recursos esenciales para ayudar a las escuelas y a los estudiantes a recuperarse de los efectos duraderos de la pandemia.
Estos programas también apoyan servicios esenciales para ayudar a los estudiantes vulnerables a alcanzar su máximo potencial y recuperarse de la ausencia de clases y otros efectos negativos de la pandemia.
Los fondos de HCY son cruciales para apoyar a los jóvenes sin hogar en las escuelas de Minnesota. Los sistemas escolares cuentan con las subvenciones de HCY para proporcionar alimentos, artículos de cuidado personal, útiles escolares, financiación para excursiones y capacitación especializada para el profesorado que trabaja con estudiantes sin hogar.
El Fiscal General Ellison y la coalición afirman que la suspensión arbitraria y abrupta del acceso de los estados a estos fondos por parte del Departamento de Educación está causando un déficit presupuestario masivo e inesperado que perjudicará a estudiantes y docentes al recortar servicios educativos vitales. Si no se restablece el acceso a esta financiación crucial, los estados no podrán prestar servicios públicos esenciales, pagar a cientos de empleados públicos ni brindar educación de calidad a los estudiantes de primaria y secundaria.
El Fiscal General Ellison y la coalición argumentan que la decisión del Departamento de Educación (ED) de suspender abruptamente el acceso a los fondos otorgados viola la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que revocó su decisión previa de permitir a los estados acceder a los fondos hasta marzo de 2026 y, en su lugar, canceló de inmediato el acceso de los estados sin una explicación suficiente y en contra de la intención del Congreso. Con esta demanda, el Fiscal General Ellison y la coalición buscan una orden judicial preliminar y permanente que impida al ED cambiar arbitrariamente su postura para que los estados puedan seguir accediendo a estos fondos esenciales.
Junto al Fiscal General Ellison en la presentación de esta demanda están los fiscales generales de Arizona, California, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y el Distrito de Columbia, junto con el Gobernador de Pensilvania.
