SAINT PAUL, MN
La Cámara de Comercio de EE.UU. y más de 140 grandes empresas multinacionales como Amazon, IBM o Google presentaron un escrito ante el Tribunal Supremo criticando el intento del presidente Donald Trump de cancelar el amparo migratorio DACA que protege a los “soñadores” de la deportación.
En el documento legal, conocido como “amicus brief“, las compañías dieron un detallado apoyo a los casi 700.000 jóvenes que están amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), argumentando que la cancelación del beneficio, creado por el gobierno de Barack Obama en 2012, perjudicaría a las empresas estadounidenses y a todo el país.
“Cancelar este vital programa tendría un efecto dominó a través de familias y empresas, y crearía aún más incertidumbre para estas personas”, dijo en un comunicado hoy Jason Oxman, presidente y director ejecutivo de ITI, uno de los firmantes.
De esta forma, las compañías, que incluyen a influyentes empresas del sector del entretenimiento, la tecnología, el turismo y la manufactura, criticaron la decisión de la Administración Trump de rescindir DACA en septiembre de 2017, lo que generó una ola de demandas que ahora llegaron al Supremo.
El Alto Tribunal escuchará los argumentos de las dos partes este próximo 12 de noviembre, y tanto los “soñadores”, como los activistas que los respaldan, se han apresurado a presentar ante los jueces todo el apoyo posible y defender los fallos de varias cortes inferiores que declararon como ilegal la cancelación del programa en 2017.
“Hoy le pedimos a la Corte Suprema que considere el importante papel que los ‘soñadores’ juegan en nuestra economía y nuestras comunidades”, resaltó Arne Sorenson, presidente de Marriott International, en un comunicado.
Según un reciente análisis de Center for American Progress (CAP), en la actualidad, unos 661.000 jóvenes están amparados por DACA, lo que les otorga un permiso de residencia y de trabajo hasta por dos años.
Cada año, los beneficiarios del programa pagan 5.700 millones en impuestos federales y 3.100 millones en impuestos estatales y locales.
El escrito presentado ante el Supremo argumenta que al eliminar DACA las “empresas perderán a valiosos empleados, y el Producto Interno Bruto nacional perderá entre 350.000 millones y 460.300 millones, y los ingresos fiscales se reducirán en aproximadamente 90.000 millones durante la próxima década”.
Estos jóvenes indocumentados que llegaron siendo niños al país han recibido otros importantes apoyos esta semana, después de que el miércoles pasado la multinacional Apple presentase otro documento legal en el que les mostraba su apoyo.
El fabricante del iPhone dijo que emplea en la actualidad a 443 “soñadores” en 36 estados, y que “son vitales para el éxito de la compañía”.
Una coalición de 17 fiscales, liderada por la procuradora de Nueva York, Letitia James, también rechazó frente al Supremo la determinación del Gobierno Trump de rescindir DACA.
Los procuradores argumentan que la decisión de la Casa Blanca se basa en un “análisis legal defectuoso” e insiste en que esta decisión ha perjudicado a los residentes, instituciones y a la economía de los estados.
El gobierno mexicano también se pronunció en favor de los “soñadores”, y, en un comunicado, la secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que había presentado un documento legal frente al Tribunal Supremo este jueves.
El escrito resalta las contribuciones de los beneficiarios de DACA para México, EEUU y la relación entre ambos países. Además señala las consecuencias adversas que tendría la cancelación del programa para los jóvenes beneficiarios, sus familias y la comunidad mexicana en este país.
Las más de 140 empresas y la Cámara de Comercio de EE.UU. también urgieron al legislativo a trabajar en la aprobación de una solución permanente para estos jóvenes.
“Alentamos al Congreso a priorizar este importante tema y promulgar una solución legislativa para legalizar su estado”, subrayó Sandra Rivera, directora de personal de Intel Corporation.
En junio pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que, de aprobarse en el Senado, controlado por los republicanos, que tienen estancado el texto, permitiría que más de un millón de indocumentados protegidos por DACA, el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Partida Forzada Diferida (DED) accedan a la ciudadanía de EEUU.
Pero la presión es fuerte, y este viernes la congresista californiana Zoe Lofgren y el senador Dick Durbin encabezaron otro apoyo legal frente al Supremo firmado por más de 180 legisladores de ambos partidos.
“La decisión del presidente Trump de terminar DACA creó una emergencia moral para nuestra nación, y rompió con décadas de precedentes en el Congreso y el Ejecutivo”, dijo Lofgren en un comunicado.
Aunque el Tribunal Supremo escuchará los argumentos en menos de seis semanas, no se espera que emita su fallo hasta el próximo año.
