SAINT PAUL, MN
A casi un mes del fallo del Tribunal Supremo sobre la Acción Diferida (DACA), y casi sobre el plazo de un dictamen judicial que obliga a liberar inmigrantes menores de edad bajo su custodia, el Gobierno del presidente Donald Trump mantiene la incertidumbre sobre el cumplimiento de esas decisiones.
En el curso de una conferencia de prensa Trump aseguró este martes que su gobierno “se ocupará de DACA”.
“En un futuro no distante, muy pronto, firmaré una nueva acción de inmigración sobre la base de méritos, basada en la decisión sobre DACA”, añadió sin dar más detalles.
Hace casi un mes el máximo tribunal de la nación calificó de “arbitrario y caprichoso” el decreto de Trump que, en septiembre de 2017, canceló el programa creado en 2012 por decreto de su predecesor Barack Obama, y que protegió de la deportación a cientos de miles de personas traídas de forma indocumentada al país cuando eran menores de edad.
SIGUE LA INCERTIDUMBRE
Hasta hoy, el gobierno no ha indicado si, como corresponde de acuerdo al fallo judicial, mantendrá la extensión de permisos a los beneficiarios de DACA, y aceptará las solicitudes de otras personas impedidas de hacerlas desde la decisión de rescindir el programa por parte de Trump.
Esto incluye aquellas personas entre unos 650.000 beneficiarios de DACA que han de renovar los permisos, y más de 300.000 nuevos solicitantes entre quienes se cuentan alrededor de 55.000 individuos que en los últimos tres años han cumplido la edad para ampararse en el programa.
El Centro para Progreso Americano calcula que cualquier decisión sobre DACA afecta a más de 1,1 millón de inmigrantes indocumentados si se cuentan a los familiares de los “soñadores” -como a sí mismos se denominan los beneficiarios directos- y decenas de miles de niños y niñas, hijos de los “soñadores”, que han nacido en EEUU y son ciudadanos estadounidenses.
UN PASO ADELANTE
Cansado de esta incertidumbre el profesor Armando Vásquez Ramos retomó este miércoles el programa de viajes al exterior para “soñadores” del Centro de Estudios California de la Universidad Estatal de California Long Beach.
La iniciativa logró llevar a más de 250 inmigrantes amparados por DACA a estudiar a México y conocer con sus raíces. No obstante, el programa tuvo que ser suspendido en 2017, cuando el gobierno suspendió los permisos de viaje.
“Es arriesgado pero tenemos que hacer esa apuesta. Exigimos que este “advance parole” (permiso de salida y entrada) sea reinstalado”, dijo a Efe el catedrático.
Treinta y tres miembros del Senado enviaron una carta al secretario interino de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Chad Wolf, pidiendo que el gobierno cumpla con la decisión del Tribunal Supremo sobre DACA y reanude los trámites de extensión de permisos y acepte nuevas solicitudes.
“No hay indicio de que su agencia haya dado paso alguno para restaurar las protecciones de DACA tal como lo requiere, de manera inequívoca, la decisión del Tribunal”, señalaron los senadores. “No hemos encontrado una sola declaración suya o de algún funcionario de DHS notificando al público que su agencia cumple con la decisión del Supremo”.
“Por el contrario, el 19 de junio, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) actualizó su página web afirmando, falsamente, que la decisión del Tribunal Supremo ‘no tiene sustento en la ley’, y atacando a los recipientes de DACA”, recalcan.
NIÑOS A LA ESPERA DE SER LIBERADOS
Otros que se encuentran en incertidumbre son decenas de niños bajo custodia de las autoridades federales. Tres semanas atrás la jueza federal Dolly Gee determinó que la pandemia de coronavirus se propagaba rápidamente en los centros de detención por lo que dio plazo hasta el 17 de julio para que la agencia deje en libertad a los menores de edad.
La semana pasada el Gobierno de Trump dijo a los tribunales que esas familias no deben quedar en libertad y pidió que se rechazara la orden emitida por la jueza Gee. Hasta hoy, el ICE no ha indicado qué hará en relación con las familias detenidas.
Bridget Cambria, abogada de la organización Aldea People’s Justice Center, dijo a Efe que el ICE “tiene tres opciones”, y plazo hasta el viernes para aplicar una de ellas.
“Pueden liberar al grupo familiar, o pueden liberar solo a los menores, o pueden retornar a la política de separación de las familias”, agregó. “Esto último, que consiste en mantener detenidos a los padres y a los niños, pero en sitios diferentes, ya ha sido declarado ilegal en 2018”.
Los médicos Scott Allen, Pamela McPherson y Josiah Rich, expertos en salud mental para la oficina de
Libertades y Derechos Civiles en el DHS, enviaron una carta al Congreso explicando su oposición a la separación de las familias.
“La separación de las familias exacerbaría el trauma físico y mental de las familias detenidas que saben que no pueden protegerse de la pandemia mortal, que se propaga rápidamente”, señala la carta de los médicos según el sitio de noticias BuzzFeed.
“Les escribimos porque tenemos la obligación profesional de expresar nuestra preocupación grave acerca del nuevo intento del DHS para separar a los niños de sus familias, en respuesta a la orden de un tribunal federal”.
“Abogamos por la liberación de los inmigrantes detenidos que no presentan una amenaza para las comunidades, a fin de prevenir, a la vez, el daño de la separación de familias y niños, y el riesgo de propagación e infección con COVID-19”, añadieron.
