MINNEAPOLIS, MN
Ante la falta de cumplimiento a un mandato federal de reemplazar las identificaciones estatales por nuevas que cumplan con los requisitos que ha solicitado el Departamento de Seguridad Nacional, el gobierno del estado de Minnesota se ve hoy envuelto en una disputa con autoridades federales sobre el proceso a seguir y la posibilidad de que las formas de identificación vigentes continúen siendo consideradas válidas para ingresar a edificios federales y para viajar vía aérea dentro del país.
Por un lado, las autoridades federales se encuentran imponiendo más estrictas medidas en los estándares de la emisión de nuevas tarjetas de identificación, bajo el Acta de Real ID del 2005. Por su parte, legisladores estatales que se habrían manifestado en contra de la misma al argumentar el alto costo de su implementación y las implicaciones en acceso a información privada, promulgaron una ley estatal en el 2009 prohibiendo a las autoridades estatales el cumplir con los estándares federales.
Ante este conflicto, que se complica ante la necesidad primero de revocar la ley del 2009, antes de poder cumplir con el mandato federal, parece inminente el que las autoridades federales impongan medidas que rechazarían las identificaciones tanto para viajar por vía aérea, como para ingresar a facilidades federales.
Mark Dayton, gobernador de Minnesota, solicitó una nueva extensión en la aplicación de la medida en el estado, habiendo sido esta rechazada. Con ello, no será posible implementar una nueva excepción temporal a quienes cuentan con una licencia del estado de no cumplir con los requerimientos del Real ID.
La alternativa, parece surgir con una identificación “mejorada”, particularmente una licencia de conducir, que podría ser reemplazada por una Real ID. Esta forma de identificación, llamada EDLs, es voluntaria, pero requiere que quienes la soliciten presenten una forma de identificación extra, tal como la tarjeta de seguridad social y el pasaporte, así como el cubrir un pago de 15 dólares.
Para quienes sean inmigrantes en el estado, la forma alterna de identificación podría significar un serio problema para adquirirla, ya que será preciso presentar pruebas de encontrarse en cumplimento de las leyes en los Estados Unidos, así como de ser un residente extranjero en cumplimiento de la ley, ya será en cualquiera forma de estado migratorio, incluyendo el de refugiados y residentes permanentes o temporales.
En caso de que no se cuente ni con el Real ID o la forma alterna de identificación, el realizar viajes domésticos por vía aérea implicará cargar con todos esos documentos al momento de abordar un avión, con el riesgo de que quienes revisen los mismos puedan decidir no autorizar el proceder, y con ello perder el vuelo, y verse obligado a perder más tiempo en lograr cumplir con el objetivo.
Dicha condición es más clara entre profesionales y estudiantes internacionales quienes acuden regularmente a congresos y conferencias o reuniones de negocios en otros estados del país, pero no quedan exentos quienes cuentan con formas de identificación que no podrán ser renovadas al carecer de documentos probatorios de legalidad como inmigrantes en el estado.
Bajo la perspectiva de críticos a esta forma de ID, la Real ID tiene como objetivo el controlar a conductores inmigrantes. Con ello, los departamentos de licencias y servicios de vehículos, se convertirían en ramas del servicio de control de la inmigración, obligando a los oficinistas s decidir quién y quién no podrán contar con licencias de conducir, a pesar del ya de por sí complejo sistema de control de inmigración, y el consecuente incremento en el número de documentos que tienen que ser verificados en dichas oficinas.
Así, parece inminente que seremos testigos de una nueva preocupación para muchos, al no contar con la Real ID, acaso con el surgimiento de una licencia de “segunda” que sería, como ha ocurrido en algunos estados, otorgada a quienes no cumplan con los requisitos, colocando a esas personas como objetivo entre inmigrantes indocumentados. Mayores problemas acaso con el 2016 en materia de inmigración.
