MINNEAPOLIS, MN
Correspondencia electrónica del Instituto de la Carne de EE.UU. apunta a que esta industria influyó en la orden ejecutiva que emitió el presidente Donald Trump y que mantuvo abiertas las plantas procesadoras durante el pico de casos de coronavirus pese a los reclamos de las autoridades sanitarias y en momentos en que se enfermaban y morían trabajadores, muchos de ellos latinos.
De acuerdo con correos analizados por el periódico de investigación ProPública, la industria de la carne tuvo algo que ver en el rescate que le dio la Casa Blanca.
Indica el periódico digital que una semana antes de que se emitiera la orden ejecutiva que les mantuvo operando, el Instituto, grupo comercial de la industria de la carne, redactó el borrador de una orden ejecutiva que incluyó semejanzas notables a las que incluyó el presidente.
El documento, enviado a altos directivos del Departamento de Agricultura por Julie Anna Potts, presidenta del Instituto, invocaba los poderes presidenciales establecidos en una ley de la época de la Guerra de Corea, conocida como la Ley de Producción de Defensa.
Esa antigua ley proponía que el presidente emitiera una proclamación simple y directa: “Por la presente ordeno que las empresas alimentarias de la infraestructura fundamental continúen operando hasta el máximo grado posible”, indica ProPública.
Indica además que los expedientes no muestran claramente qué sucedió luego en el Departamento de Agricultura y en la Casa Blanca posteriormente.
Sin embargo, aunque la redacción final no fue literal, la orden de Trump hizo énfasis en los puntos que la industria había propuesto en su carta y tuvo el mismo objetivo, ordenar que el secretario de Agricultura actuara “para asegurar que las procesadoras de carne y aves siguieran operando”, señala ProPública.
El medio recuerda que esa orden ejecutiva fue un salvavidas para las empresas empacadoras de carne presionadas por docenas de cierres de plantas, carencias graves de personal e interrupciones en la cadena de suministro, las cuales harían que los restaurantes de comida rápida se quedaran sin hamburguesas y los supermercados racionaran las compras de este tipo de productos.
La orden ejecutiva provocó críticas de sindicatos y senadores demócratas que denunciaron que daba prioridad a las ganancias de las empacadoras sobre la salud de sus empleados.
Más de 40.000 trabajadores de plantas procesadoras de carne dieron positivo a análisis de detección de coronavirus, de los cuales más de 200 fallecieron de COVID-19, según un análisis de Food Environmental Reporting Network.
La orden de Trump se produjo el 29 de abril, cuando se celebraba el Día Mundial de la Seguridad y Salud de los Trabajadores, que usualmente es conmemorado con protestas por las condiciones que aún permanecen en centros de trabajo, y declaraba a estas plantas como “infraestructura esencial”.
“Es indudable que suscita por lo menos a la apariencia de un favoritismo; que la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva no porque pensara que era lo correcto, sino porque la presionaron algunos grupos externos que querían que se hiciera esto”, dijo a ProPública Stephen Vladeck, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Texas, en Austin.
Pots ha señalado que el Instituto había funcionado como enlace entre el Gobierno y la industria para muchos temas relacionados con la COVID-19.
“Es de rutina que asociaciones comerciales de todo tipo sugieran redacciones legislativas o comenten acerca de reglas propuestas u otras disposiciones que se comparten con el gobierno”, afirmó.
De acuerdo con ProPública, el borrador de la orden ejecutiva fue uno de los cientos de correos electrónicos que se intercambiaron desde marzo entre las empresas, los grupos industriales y los altos funcionarios de Agricultura.
Afirma que muestran que durante la crisis de la pandemia, la industria empacadora de carne se dirigió a esa agencia para que la ayudara a combatir las órdenes de salud pública locales, así como para aflojar las regulaciones con el fin de mantener abiertas las líneas procesadoras.
