MINNEAPOLIS, MN
Grupos a favor de los inmigrantes mostraron este jueves su rechazo a la promulgación de una “discriminatoria” ley en Florida que “solo busca infundir miedo” entre los indocumentados y cuyas consecuencias, alertaron, podrían afectar a la economía estatal.
“Nos están botando del estado”, dijo a EFE Adelys Ferro, directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus y una de las participantes de una rueda de prensa ofrecida hoy en los exteriores de la Torre de la Libertad de Miami, emblemático punto de encuentro de la comunidad cubanoestadounidense del sur de Florida.
Ferro señaló que son más de 775.000 indocumentados los que se ven afectados por la norma SB 1718, que, entre otros aspectos, impone el uso de un sistema de verificación del estatus migratorio de los empleados para empresas con más de 25 trabajadores y convierte en delito el transporte de indocumentados a Florida.
“El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos enseñan que la manera de vivir el evangelio es recibiendo al inmigrante, no creando realidades o viviendo utopías sobre nuestro futuro”, señaló por su parte Carlos Carvajal, pastor de la iglesia evangélica de Miami Oikos.
El miembro de esta comunidad cristiana, una de las más de un millar que recientemente enviaron una carta al gobernador, el republicano Ron DeSantis, para que vetara el polémico proyecto aprobado en el Legislativo estatal, señaló cómo las iglesias y grupos de fe se verán afectados por la norma.
“Algunas de ellas van a ver reducidas sus membresías porque las personas van a preferir permanecer en sus casas y no servir a la comunidad”, explicó el religioso, quien además aludió a la posible escasez de convocatoria que tengan proyectos comunitarios y de servicios fuera del estado “(Los voluntarios) suelen ir en autobuses ¿Qué va a pasar cuando vengan de regreso? ¿Van a poder entrar? Ese tipo de temores van a tener un efecto directo en este tipo de iniciativas religiosas”, ahondó Carvajal.
IMPACTO EN LA AGRICULTURA
“Si el propósito es eliminar la agricultura de Florida, lo están logrando”, declaró a EFE Claudia González, coordinadora en la Asociación Campesina de Florida (FWAF, por sus siglas en inglés), con sede en el centro del estado y que congrega a unos 20.000 miembros.
La activista señaló que muchos trabajadores del campo afincados en Florida están pensando en mudarse a otros estados o volver a sus países de origen, mientras que algunos temporeros ahora ya no quieren pisar el estado.
“¿Qué sería de Florida sin el turismo, si no hay quien sirva, si no hay quien produzca la comida que se ofrece en los hoteles? ¿Qué sería de Estados Unidos sin los frutos tropicales de Florida?”, se cuestionó González, quien resaltó que entre los trabajadores del campo hay “familias múltiples”, en las que algunos miembros no tienen sus papeles en regla.
La activista agregó que los empresarios agrícolas se hallan en la incertidumbre a causa de la obligatoriedad del E-Verify, el sistema de verificación de la legalidad de los trabajadores inmigrantes, y criticó la invalidación en Florida de las licencias de conducir y documentos de identidad emitidos en 20 estados.
“Esta ley tiene 100 % un perfil racial”, denunció la inmigrante.
“DECEPCIONANTE” APOYO DE ALGUNOS HISPANOS
En su oportunidad, la directora ejecutiva de Miami Freedom Project, Ana Sofía Peláez, manifestó que es “profundamente decepcionante” que algunos miembros de la comunidad hispana de Florida puedan estar en favor de la iniciativa firmada por DeSantis, y apuntó hacia la Torre de la Libertad, un sitio que décadas atrás acogió a cubanos que huían de “un régimen autoritario”.
“Muchas de nuestras familias fueron recibidas aquí. Dentro verás muchos documentos y pruebas gráficas de la ayuda que recibieron las personas que buscaron la libertad”, resaltó la cubanoestadounidense.
El miércoles, el gobernador DeSantis, quien se prevé en cualquier momento confirme sus aspiraciones presidenciales rumbo a las elecciones de 2024, estampó su firma en este proyecto que promovió de forma vehemente y ocupaba un lugar protagonista en la agenda legislativa estatal.
DeSantis firmó la ley una día antes del término del Título 42, la política migratoria federal que permitía la expulsión inmediata de los indocumentados aprehendidos en la frontera sur, y justificó la medida estatal como mecanismo de previsión ante la “enorme crisis” que, dijo, se desatará en las líneas limítrofes.
Para Ferro, la única motivación que justifica el proyecto firmado ayer, que también exige a los hospitales recopilar datos sobre la situación migratoria de sus pacientes, está relacionada con el anhelo del gobernador de hacerse con la nominación republicana para la Casa Blanca.
“La verdad es que con todo lo que está pasando en Florida, no creo que (los inmigrantes) estén muy animados a venir”, sugirió la activista.
