MINNEAPOLIS, MN
El juez Andrew Hanen asestó un nuevo golpe a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) al ordenar al Gobierno que suspenda la concesión de nuevos amparos migratorios en un momento en el que en el Congreso parece tomar fuerza una posible salida legislativa para los “soñadores”.
En un revés judicial esperado desde diciembre del 2020, el juez texano ordenó al Gobierno que deje de aprobar nuevas solicitudes, aunque sí permitirá renovar las existentes, al considerar que DACA es ilegal y que el expresidente Barack Obama (2009-2017)se extralimitó en su autoridad cuando creó el programa en 2012.
PERMITE RENOVACIONES
A pesar de su fallo, Hanen dejó claro que su decisión no implica que las autoridades migratorias tomen “ninguna acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA”, y permitirá que se renueven los actuales amparos migratorios, que dan un permiso temporal de residencia y trabajo para sus beneficiarios.
En opinión del juez, a pesar de su ilegalidad “no sería justo finalizar de repente un programa gubernamental que ha creado tan notable dependencia”, y que ésta ha podido aumentar con el paso de los años, especialmente cuando pueden llegar todavía fallos contrarios al suyo en el tribunal de apelaciones o la Corte Suprema.
DACA EN MANOS DEL CONGRESO
Nada más conocerse el fallo, decenas de voces salieron a instar al Congreso a aprobar con urgencia una legislación que dé un estatus legal permanente a cientos de miles de “soñadores”, como se llama a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país de manera irregular siendo unos niños.
Activistas y demócratas en el Congreso como el senador Alex Padilla repitieron las mismas críticas al fallo de Hanen y el llamado de urgencia para sacar adelante alguna ley que ayude a los cerca de 690.000 amparados en DACA actualmente, aunque el número de “soñadores” es mucho mayor.
“Es más importante que nunca que el Congreso actúe para proteger a los soñadores y proporcionar un camino hacia la ciudadanía”, dijo Padilla en Twitter.
En el Capitolio se analizan desde marzo varios proyectos de ley que darían la residencia permanente y una posterior vía a la ciudadanía a los “soñadores” y a los amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), campesinos indocumentados y otros trabajadores irregulares y considerados “esenciales” tras la pandemia.
Pero su futuro es más que incierto, pues no terminan de dar las cuentas y lograr los al menos 10 votos republicanos necesarios para sacar adelante alguna de las tres medidas, dos de las cuales ya fueron aprobadas con apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes.
Por eso, esta semana se recibió con gran alegría la noticia de que los demócratas incluirán una partida para dar una vía a la ciudadanía a millones de inmigrantes en un gran plan de gasto social de 3,5 billones de dólares que propugna el presidente, Joe Biden.
De esta forma, y por medio de una estratagema conocida como reconciliación presupuestaria, se podría evitar el previsible bloqueo republicano, que siempre han exigido duras medidas de seguridad en la frontera para empezar a hablar de cualquier medida que dé estabilidad migratoria a estos extranjeros.
Y con el dictamen de Hanen, que ya había fallado en 2015 contra DACA y su programa gemelo (DAPA) para proteger a los padres indocumentados de los ciudadanos y residentes legales, esta y otras posibles salidas a los proyectos de ley parecen para los activistas más necesarias que nunca.
Con todo, la Acción Diferida había superado varios fallos judiciales en su contra y había sobrevivido a una demanda del Gobierno del expresidente Donald Trump que había llegado hasta la Corte Suprema. Aunque el fallo de Hanen es solo una derrota parcial.
FISCAL GENERAL DE TEXAS CELEBRA EL FALLO
El desafío legal fue emprendido por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que estuvo acompañado por sus homólogos de los estados de Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, South Carolina, y West Virginia.
Y Paxton enseguida celebró con un mensaje en Twitter su triunfo en esta demanda y presumió además de que no es el primer que logra ante el Gobierno demócrata en materia migratoria.
“Ken Paxton derrota a la Administración Biden – OTRA VEZ- en cuanto a inmigración ilegal”, dijo el propio fiscal general de Texas, que demandó en 2018 al Gobierno federal por DACA alegando que el programa era inconstitucional y no cumplía con el Acta de Proceso Administrativo (APA) al momento de su creación.
MILES DE PETICIONES QUEDAN EN NADA
Los más perjudicados, junto con aquellos que tenían previsto presentar su solicitud próximamente, son los más 50.000 que estaban esperando la aprobación del beneficio y cuyas peticiones quedaron en nada por los retrasos acumulados en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
El Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), que representaba en este caso a la defensa y los “soñadores”, lamentó tras conocer el fallo que el dictamen de Hanen deja sin opciones a estas peticiones que en algunos casos llevaban meses esperando una aprobación.
Ya en las últimas semanas, activistas y políticos habían instado a USCIS a acelerar en el procesamiento de estas medidas ante la expectativa de que Hanen podría fallar en contra de DACA y dejar a estos jóvenes inmigrantes sin este amparo que les protegería de la deportación durante dos años y a la espera de una solución legislativa definitiva.
