MINNEAPOLIS, MN.-
Un juez federal en California determinó que la práctica de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de ingresar a las casas para lograr arrestos de inmigrantes es inconstitucional, informó este jueves la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
La decisión del juez Ottis D. Wright responde a una la demanda, presentada en 2020 por ACLU en nombre del inmigrante Osny Sorto Vásquez Kidd y las organizaciones Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA),
La querella denunciaba la práctica de los agentes del ICE de hacerse pasar por efectivos de la Policía para ingresar a las casas de los inmigrantes que buscan sin tener una orden de allanamiento, conocida en inglés como ‘Knock and Talk’.
La decisión incluye cuatro casos ocurridos entre febrero de 2017 y abril de 2020, en los que ICE ingresó ilegalmente a áreas constitucionalmente protegidas alrededor de una vivienda con una orden administrativa de inmigración y no una orden firmada por un juez.
En esos casos citados los agentes de ICE ingresaron a un porche cubierto, un patio privado o un patio trasero para llegar a la entrada de una casa, tocar la puerta en busca del inmigrante para realizar el arresto.
“Todos deberían sentirse seguros en su propia casa, independientemente de su estatus migratorio. Debido a que ICE nunca tiene órdenes judiciales, dependen principalmente de esta práctica para realizar arrestos domiciliarios”, dijo en un comunicado Stephanie Padilla, abogada de la Fundación ACLU del Sur de California.
La abogada advirtió que la orden del juez “debería reducir significativamente las prácticas inconstitucionales de arresto domiciliario de ICE”.
La demanda citó el caso de Vásquez Kidd, a cuya casa ingresaron agentes de ICE que se hicieron pasar por oficiales de la Policía que andaban en busca de un peligroso delincuente. Una vez dentro de la vivienda, y al no encontrarlo, hicieron que su madre lo llamara y lo convencieron de reunirse con ellos.
Vásquez Kidd estaba amparado por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) al momento de su arresto.
La querella alega que las tácticas del ICE violan la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege a los ciudadanos de un registro y allanamiento sin autorización.
En su orden, el juez aclara que si bien la práctica de ” Knock and Talk “, tal como la define la Corte Suprema de Estados Unidos, se considera constitucional, la práctica tal como la define y ejecuta ICE no lo es.
Lizbeth Abeln, directora de defensa de deportación de ICIJ, dijo en un comunicado que “es un derecho humano básico para los inmigrantes sentirse seguros en sus propios hogares y vivir sin miedo”.
Agregó que aunque la decisión del juez no deshace los años de daño causado por ICE, “es un buen primer paso hacia la justicia”.
Por su parte Angélica Salas, directora de CHIRLA, advirtió que con la táctica de ‘Knock and Talk’ de ICE provocó que se desviaran recursos comunitarios limitados y perjudicó la capacidad de esa organización para brindar servicios. “Esperamos y esperamos que esta práctica pronto terminará en todo el país”.
