SAINT PAUL, MN
Un juez federal en la ciudad de San Francisco, ha dado un duro golpe a las formas de aplicar y modificar las leyes de migración en la forma en que la administración federal, bajo el mando de Donald Trump, lo ha hecho, con la intención de perseguir a las ciudades y estados que limiten la cooperación con oficiales de inmigración.
La orden dada por el juez William Orrick, incluye también directivas a el Departamento de Justicia, en el sentido de otorgar a California 28 millones de dólares que habrían sido retenidos bajo el pretexto de castigar al estado por la creación de políticas de migración específicas, enfocadas a no seguir los lineamientos federales en la persecución y castigo a inmigrantes.
Esta decisión se convierte en al menos la tercera dictada por un juez de Distrito de los Estados Unidos en meses recientes, que declara la ley de inmigración del régimen, como inconstitucional. Sin embargo, ninguna de las tres reglas ha invalidado inmediatamente la aplicación de dicha ley a nivel nacional. La ley en cuestión supone la prohibición de que estados y ciudades impidan a sus oficiales de policía y seguridad de reportar el estado migratorio de las personas a autoridades del país en el área.
La decisión anunciada por el Juez Orrick, presentada este viernes, y que aplica para el estado de California y la ciudad de San Francisco específicamente, podría considerarse como la de mayor significancia hasta el momento, en virtud de que se aplica a uno de los lugares objetivo por parte de la presidencia, entre las que se han declarado como jurisdicciones santuario para inmigrantes. El Juez Orrick prohíbe al Fiscal General, Jeff Sessions, el aplicar la ley de inmigración en contra del estado de California, y cualquiera de sus ciudades o condados.
Cuestionado al respecto, el vocero del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) declinó hacer comentarios.
Uno de los argumentos que se han manejado dentro de la administración de Trump, es que las ciudades y estados santuario permiten que criminales de peligro puedan caminar libremente por las calles, sin consecuencia alguna. Como respuesta, la ciudad de San Francisco, a la que se suman otras ciudades, indica que el obligar a la policía local a apoyar el trabajo de oficiales de migración, erosiona la confianza necesaria para que la gente reporte crímenes locales a las autoridades correspondientes.
En palabras del Juez Orrick, la ley de migración de la administración federal minimiza y desacredita las políticas locales a nivel estatal y de ciudades y condados, y despoja a los legisladores locales del poder de decidir por ellos mismos sobre comunicarse con autoridades de migración o no. Asimismo, supone que los presupuestos locales deban incluir parte de los costos de la aplicación de la ley a los mismos estados.
“California expresa la legítima preocupación de que la liga con la aplicación de la ley de migración federal, erosiona la confianza que las comunidades Latina y de inmigrantes indocumentados tienen con respecto a los cuerpos de aplicación de leyes locales,” dijo el Juez.
Por su parte, el Fiscal General del estado de California, Xavier Becerra, indicó que la decisión presentada por el Juez Orrick es una victoria. Indicó que continuaría haciendo frente a los intentos de la administración de Trump de forzar a las entidades de aplicación de la ley a cambiar sus políticas y prácticas en formas que podrían hacer del estado menos seguro.
Como parte de los argumentos empleados por las autoridades estatales en California, se indica que la ley de migración federal interfiere con al menos tres leyes locales, entre las que destaca la que impide a la policía a facilitar información sobre fechas y datos personales de presos en el estado, como medida de privacidad, ya que la federación la solicita a fin de poder “remover del país” a quien hubiera entrado en forma ilegal.
Una decisión que hoy permite a San Francisco y el estado de California el continuar aplicando sus leyes locales.
