MINNEAPOLIS, MN.-
El Departamento de Justicia de EE.UU., con la fiscal Pam Bondi a la cabeza, se ha convertido en una estratégica “arma” para el Gobierno del presidente Donald Trump en su batalla contra la inmigración ilegal al aumentar por miles las acusaciones y las penas de cárcel, especialmente contra aquellos que regresan tras ser deportados.
Como nunca antes en la historia reciente, el departamento (DOJ, por su sigla en inglés) se ha visto más visiblemente alineado con la agenda política de la Casa Blanca, que ha hecho de la aplicación de las leyes de inmigración su prioridad.
Bondi ha reasignado recursos de otras áreas de su departamento en apoyo al cumplimiento de los objetivos políticos de Trump de encarcelar a inmigrantes, algo que ya está siendo denunciado por los defensores de los derechos humanos.
“El Departamento de Justicia está siendo utilizado como un arma para continuar con esta política de terror en contra de los migrantes”, dijo a Efe, Vicki Gaubeca, directora de Política Migratoria con Human Rights Watch.
El mismo DOJ promociona su “papel crucial” en la iniciativa “Recuperemos América”, una estrategia interinstitucional dirigida a la inmigración ilegal, el tráfico de personas y drogas, que ha derivado en el aumento de las acusaciones contra los inmigrantes, sin importar que no tengan cargos criminales.
Solamente la semana pasada los fiscales del distrito suroeste del DOJ, que incluye Arizona, California, Texas y Nuevo México, presentaron cargos en contra de 1.020 extranjeros por violaciones relacionadas a las leyes migratoria. En marzo las acusaciones en ese distrito fueron cerca de 5.000.
Gaubeca acusa a la Administración de “usar leyes de más de 100 años de antigüedad que han sido utilizadas solamente en tiempos de racismo” en contra de los inmigrantes.
Sin embargo, el DOJ se ha defendido de las críticas de seguir una agenda política. “Nuestro objetivo es el mismo, como siempre ha sido en el Departamento de Justicia, que es hacer cumplir la ley. Las personas que cruzan de manera irregular a los Estados Unidos están violando la ley”, dijo en declaraciones a Efe, Esther Winne, vocera de la Oficina del DOJ en Arizona.
Explicó que la penalidad que recibe un inmigrante por reingresar de manera irregular depende de cada caso. La sentencia podría ser de hasta cinco años, sin embargo esta puede ser mayor si el inmigrante es encontrado culpable de cargos adicionales como tráfico humano o de drogas.
Pero para activistas como Gaubeca, Trump está utilizando cualquier herramienta disponible como parte de una guerra “psicológica” en contra de los migrantes con el solo objetivo de orillarlos a que abandonen de manera voluntaria del país.
Además, a la defensora de los derechos humanos le preocupa que la Casa Blanca esté utilizando las leyes para presentar cargos de entrada irregular no sólo a las personas arrestadas en la frontera sur, sino también aquellos que son detenidos en el interior del país.
“Se supone que solo se pueden presentar cargos en contra de aquellos que han ingresado a los Estados Unidos en los últimos dos años, sin embargo hemos visto casos donde se han presentado cargos a personas que han vivido por muchos años en este país”, explicó Gaubeca.
Un ejemplo de esto es el arresto el mes pasado en Carolina del Norte del hondureño Jairo Ernesto Perry Santos, de 40 años. El inmigrante fue acusado por el DOJ por reingresar a Estados Unidos después de ser deportado en agosto de 2016.
A pesar de las quejas de los defensores de los inmigrantes, el DOJ y Bondi han ganado popularidad entre las comunidades con casos como el arresto de Julián Estrada García, un inmigrante mexicano que, de acuerdo a esta agencia federal, había sido deportado previamente en 39 ocasiones.
Estrada García había sido condenado por entrada ilegal cuatro veces. Esta vez el DOJ no quiso acusarlo nuevamente y decidió enviarlo de regreso a México.
