Fairfax (Va), (EFEUSA).-
La tarea rutinaria de recoger a su hija al colegio llevó a Fidela Martínez, una mexicana residente en el estado de Virginia, a tener su primer encontronazo con la autoridad, pero además a necesitar asistencia jurídica, un dolor de cabeza para muchos inmigrantes que no pueden costeársela.
El jueves pasado, esta mujer de 39 años y con casi una década en el país, se dirigió a Chancellor High School, una escuela de secundaria en Fredericksburg, condado de Fairfax, en busca de su hija de 13 años y para su sorpresa terminó con una amonestación por no portar una licencia de conducir.
Al igual que el resto de días Martínez entró en el colegio y una empleada de la recepción le pidió un documento de identidad, como es habitual en los centros educativos.
“La del ‘front desk’ (mostrador), me pide un ID, enseño mi pasaporte y me deja entrar”, dijo a Efe Martínez, quien explicó que a su salida la empleada le volvió a requerir una identificación, pero esta vez se encontraba cerca un agente que custodiaba la escuela y que le solicitó la licencia de conducir, a la que no pueden acceder quienes no tienen regularizada su situación migratoria.
“Es ilógico”, se quejó Martínez, para quien una escuela no es un lugar al que se va a conducir. “Vas a recoger a tu hijo”, subrayó tras aclarar que no estaba “haciendo nada malo”.
Como esta mujer, son numerosos los inmigrantes que terminan frente a un juez por un hecho fortuito que puede poner en peligro su permanencia en el país.
“Muchas veces por cosas de la vida entras en el sistema judicial, porque sabemos que no todo mundo es criminal, no podemos pintar una comunidad así”, afirmó Luis Aguilar, director de la organización latina e inmigrante CASA, que hoy se sumó a la presentación de una iniciativa que busca que Fairfax financie un programa piloto denominado “Representación universal” para los migrantes.
Aguilar señaló que el proyecto “en esencia es defensa legal para los migrantes del condado” y que, de lograr el visto bueno de la Junta de Supervisores, una especie de concejo local, contaría con un presupuesto de 200.00 dólares y beneficiaría en principio a unos 22 inmigrantes.
“Esperamos que sea el primer paso para realmente crear un programa dentro del condado de Fairfax donde se le podría dar defensa legal a miembros de nuestra comunidad que no tienen acceso (…) por ser indocumentados o por venir con un visado que se les ha expirado”, agregó.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de CAIR Coalition, CREDO Action, activistas, residentes y responsables del condado, permitiría destinar los recursos a la contratación, a través de organizaciones que se postulen, de abogados.
Para su aprobación, el proyecto requiere del visto bueno de la Junta de Supervisores, que deberá votar primero su inclusión en el presupuesto de este año fiscal (octubre 2018-septiembre 2019) y el próximo 30 de abril decidir si avala la implementación del programa.
“Es el primer paso de muchos que podemos crear en localidades, ciudades, condados, donde realmente se le da la bienvenida al inmigrante y se le respeta sus derechos”, agregó Aguilar, quien indicó que otras zonas en el país cuentan con programas similares.
Fairfax tiene una población inmigrante mayormente latinoamericana y asiática, que varía según el distrito, y entre la que hay comunidades de vietnamitas, bolivianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, entre otros.
Para Fidela Martínez, el apoyo legal gratuito sería “muy bueno” para quienes, como ella, no pueden asumir el costo de un abogado.
En promedio, la primera consulta legal puede costar 250 dólares, que se descuentan en caso de que la persona contrate el servicio.
“Tengo una hermana que ahorita está en un proceso con inmigración, porque la detuvieron manejando sin licencia. Si hubiera habido en ese momento este programa que están tratando de aprobar, a ella le hubiera ayudado muchísimo”, declaró a Efe Patricia Reyes.
Ella, también de nacionalidad mexicana y con 13 años en el país, llegó a respaldar la propuesta después de la experiencia de su hermana, quien estuvo detenida unos cinco meses mientras sus parientes reunían el pago de un abogado.
