MINNEAPOLIS, MN
Entre la serie de propuestas gubernamentales que no han recibido apoyo legislativo para su implementación, se encuentran dos medidas orientadas a aliviar la condición migratoria de un segmento de la población. Una de ellas, la Acción Diferida para Arribos Infantiles (DACA por sus siglas en inglés), entró en vigor permitiendo a cierto número de jóvenes indocumentados que hubieran entrado al país antes de contar con 16 años de edad y antes del mes de junio del 2007, otorgándoles un permiso renovable para trabajar y/o estudiar, evitando ser deportados.
La otra propuesta, orientada a favorecer a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses, identificada como la Acción Diferida para los Padres de Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA, siguiendo un acrónimo que recorta el nombre de la iniciativa en inglés), fue detenida como consecuencia de demandas estatales en su contra, llegando a sumar 25, todas bajo gobiernos republicanos, demandando al presidente del país en la corte de distrito del sur de Texas.
El juez Andrew S. Hanen determinó bloquear la implementación de las acciones del presidente. El gobierno federal apeló la decisión, ante la corte de apelaciones de los Estados Unidos del quito circuito en Nueva Orleans, en la que la apelación no procedió.
Por la tarde de este Martes trascendió que la Suprema Corte de la Nación revisará el plan de Obama que buscaría favorecer a cerca de 5 millones de personas, evitando que sean deportadas. La corte ha expresado que cabía la posibilidad de que se manifestara en contra de las decisiones adoptadas por otras cortes legales estatales, luego de recibir, el pasado otoño, la petición de apelación formal.
Al considerar la posibilidad de que la suprema corte decida en contra de la apelación, los mismos legisladores republicanos se han expresado a favor de que se proceda, invitando a los jueces a decidir en dicha dirección, tal y como lo expresa el senador por el estado de Utah, el republicano Orrin Hatch.
La Casa Blanca, por su parte, se encuentra optimista en sentido de que esperan que la corte decida en su favor. Entre sus argumentos, se indica que los inmigrantes indocumentados buscan ser igualmente responsables de forma pública, cumpliendo con pagar sus impuestos, y contribuir a la sociedad en forma abierta, y no bajo las sombras como lo han hecho hasta ahora.
El caso será revisado posiblemente en abril, y la posible decisión será presentada a finales del mes de junio, cerca de un mes previo al momento en que ambos partidos decidirán sobre sus candidatos presidenciales en sus respectivas convenciones. Y, como ocurre durante períodos electorales, pero hoy con mayor fuerza, el debate sobre el asunto migratorio está presente en el discurso de todos los precandidatos. En especial en voz de uno de los precandidatos republicanos que ha puesto el asunto como una tarjeta de presentación, manifestándose abierta y provocativamente en contra de la presencia de inmigrantes indocumentados.
Ante la discusión que se abrirá dentro de la suprema corte, la sombra de la limitación y alcance de poderes estará sobre la mesa, cuando republicanos le tachan de inconstitucional, y los demócratas llaman a reparar un sistema inmigratorio roto.
