MINNEAPOLIS, MN (EFEUSA).-
Más de cuatro millones de residentes en EE.UU., especialmente latinos y afroamericanos, están en riesgo de quedar fuera del censo 2020 debido a las polémicas que la rodean, incluida la pregunta sobre la ciudadanía, asegura un estudio divulgado este martes por Urban Institute.
El presidente Donald Trump quiere incluir en los formularios la pregunta “¿Es esta persona ciudadana de los Estados Unidos?“, algo que genera recelo en los hogares inmigrantes y podría provocar una menor participación en el censo por temor a represalias en materia migratoria, señala el informe.
Según el grupo independiente Urban Institute, por este y otros obstáculos, en su previsión de “mayor riesgo”, unos 2,2 millones de latinos (el 3,57 % del total) podría quedar fuera del conteo, mientras que las estimaciones de riesgo medio apuntan a un 2,84 % y las de bajo indican un 2,01 %, o 1,2 millones de residentes.
Junto a los hispanos, más de 1,7 millones de afroamericanos (3,68 % del total) podrían no ser contados, misma situación que enfrentan más de 100.000 nativos (2,12 %) y 305.000 asiáticos (1,36 %), mientras que el riesgo se reduce notablemente en el caso de los blancos, que es de 67.000 personas o el 0,03 % de esta población.
Los resultados de un censo equivocado pueden afectar directamente a las poblaciones que habitualmente son más difíciles de contar, advierte en la presentación de las proyecciones la investigadora del instituto, Diana Elliott.
En particular por las consecuencias que tendría en la falta de cálculos adecuados de los fondos necesarios para los programas infantiles, o inclusive de infraestructura, agrega.
El Gobierno ha negado las acusaciones de que la pregunta sea un plan encubierto para aumentar el poder electoral del Partido Republicano.
La supuesta conspiración, alega la Administración en una carta enviada al juez de distrito Jesse Furman, que bloqueó en enero la inclusión de la pregunta en el censo, sería una campaña de última hora para influir en el Tribunal Supremo, que debe decidir a fines de este mes sobre su apelación.
Los grupos que presentaron la demanda argumentan que el Gobierno ha ocultado el hecho de que la pregunta fue idea de un especialista republicano en el diseño de distritos electorales, con el argumento de que sería una “desventaja clara para los Demócratas y ventajosa para los Republicanos y blancos no hispanos”.
Según los investigadores del Urban Institute, sin importar cual sea el dictamen del Supremo, la polémica sobre la pregunta ha creado un efecto prejudicial sobre la participación en el censo entre los latinos y grupos proinmigrantes.
Este factor fue incluido en las proyecciones como un escenario de “alto riesgo”.
El instituto también señala como obstáculos los nuevos métodos propuestos para realizar el censo, que no han sido evaluados correctamente y podrían ser otro riesgo para la precisión del resultado.
Estos métodos incluyen la autorización para llenar los formularios en línea, o el uso de información en poder del Gobierno para completar los cuestionarios que no sean respondidos por los hogares.
Señala además la falta de fondos en los últimos años que ha obligado a la Oficina del Censo a cancelar las pruebas de campo para el censo de 2020, incluyendo las diseñadas para las áreas rurales y donde se habla español.
“Las nuevas adiciones no solamente no han sido probadas de forma adecuada, sino que las evidencias sugieren que mejorarán de manera desproporcionada el acceso a los que ya son fáciles de censar, y aumentarán los obstáculos para los difíciles de contar”, señala el informe.
Según el análisis, los estados con más posibilidades de que sus habitantes no sean censados correctamente son California, Texas y Nevada.
Un censo donde el conteo sea mayor o menor de la población real tiene repercusiones en la representación política y la asignación de recursos federales, advierte el centro.
Los nuevos números sobre la población del país determinarán cuántos votos obtiene cada estado en el Colegio Electoral que elige al presidente, o cómo se distribuyen anualmente 880.000 millones de dólares en recursos federales para escuelas, carreteras y otros servicios públicos.
