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LEGISLADORES DEMOCRATAS PIDEN FIN DE COBRO POR LLAMADAS A PADRES INMIGRANTES

 
Un grupo de 145 legisladores demócratas exigieron hoy al Gobierno de Donald Trump que deje de cobrar a los padres inmigrantes retenidos en centros de detención hasta 8 dólares por llamada telefónica para hablar con sus hijos, de los que han sido separados por las autoridades. EFE/ARCHIVO
 
MINNEAPOLIS, MN (EFEUSA).
 
Un grupo de 145 legisladores demócratas exigieron hoy al Gobierno de Donald Trump que deje de cobrar a los padres inmigrantes retenidos en centros de detención hasta 8 dólares por llamada telefónica para hablar con sus hijos, de los que han sido separados por las autoridades.
 
Liderados por los congresistas Jared Polis y Luis Gutiérrez, así como por la senadora Patty Murray, 145 legisladores enviaron hoy una carta a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) para que ponga fin a esta práctica.
 
 “Escribimos para instar a implementar cambios inmediatos a nivel nacional que permitan a las personas que han sido separadas de sus hijos hacer llamadas telefónicas regularmente y sin costo para ellas”, apuntan los demócratas.
 
“Nadie, ni los centros de detención privados, ni el Gobierno federal, debería enriquecerse en modo alguno con padres detenidos que intentan hablar con sus hijos”, agregaron.
 
 
Según los mismos congresistas, las normas de detención de ICE establecen que las instalaciones de detención de inmigrantes deben permitir a los detenidos realizar llamadas gratuitas a “familiares directos”.
 
“Los padres que huyen de la violencia para salvar las vidas de sus hijos deben ser tratados como refugiados y protegidos, pero en su lugar los tratamos como fuente de ganancias (…).  Como país, podemos hacerlo mejor y debemos hacerlo”, dijo Gutiérrez.

La misiva fue respaldada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia Inmigrante, el Consejo Nacional de Mujeres Judías, la Liga Antidifamación, entre otras organizaciones.

 
Trump impuso una política de “tolerancia cero” para la inmigración ilegal el pasado abril que provocó la separación de más de 2.000 niños de sus padres.
 




 


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