SAINT PAUL, MN
Mientras la Cámara de Representantes federal se apresta a votar sobre dos proyectos de ley antiinmigrantes hoy, el Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (NHCSL, por sus siglas en inglés), le hizo un llamado a los Miembros del Congreso a que se opongan a medidas legislativas que pondrían a las comunidades en mayor peligro y que pudieran ser inconstitucionales.
Los legisladores estatales latinos dijeron que el “Proyecto de Ley Contra el Santuario para Criminales” (H.R. 3003) y el proyecto “Kate’s Law” (H.R. 3004) violan los principios de derechos estatales y recortaría fondos críticos para las agencias de ley y orden en vecindarios alrededor del país.
“Usar a los inmigrantes como chivos expiatorios está mal de por sí. Sin embargo, aprobar legislación como el H.R. 3003, que probablemente sea inconstitucional y que limitaría los derechos estatales, va contra los principios conservadores que la mayoría congresional atesora. En varios casos el Tribunal Supremo ha establecido que el gobierno federal no puede negarle fondos federales a los estados que rehúsen aplicar acciones federales de esta manera. A esto se le refiere como la doctrina ‘anti-requisición’, o “anti-commandeering doctrine,” en inglés, que lleva establecida desde 1842 y reiterada tan reciente como en 2012. Otros casos han decidido claramente que aplicar las leyes de inmigración es un deber federal y por lo tanto no es responsabilidad de los gobiernos estatales y locales.
Por consiguiente, le hacemos un llamado a todos los Miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a que derroten esta defectuosa, cruel y peligrosa legislación”, dijo el Director Ejecutivo de NHCSL, el abogado Kenneth Romero Cruz.
NHCSL le recordó a los congresistas que la “anti-requisición” es una doctrina legal establecida desde los ensayos federalistas y ha sido confirmada en cuatro casos históricos del Tribunal Supremo; desde Prigg v. Pennsylvania (1842) hasta tan reciente como en National Federation of Independent Business v. Sebilius (2012). En Printz v. U.S. (1997), el fenecido Juez Antonin Scalia, en una decisión mayoritaria, dijo:
“El Gobierno Federal no puede emitir directrices requiriendo que los Estados atiendan problemas particulares, ni ordenar a oficiales estatales, o aquellos de subdivisiones políticas, a administrar o aplicar programas reglamentarios federales. No importa si se trata de política pública y no es necesario considerar los pros y los contras; tales ordenes son fundamentalmente incompatibles con nuestro sistema constitucional de soberanía dual.”
“Acerca de la mal llamada ‘Kate’s Law’, es irónico que se lleve a votación esa medida en la misma semana que el director de ‘ICE’ Thomas Homan reiteró que los individuos nacidos en los Estados Unidos tienen mayor probabilidad de cometer un crimen que aquellos que nacieron fuera del país. Estas medidas legislativas son soluciones en búsqueda de un problema. Negarle fondos federales de ley y orden, o de otra índole, a los estados con el supuesto propósito de luchar contra el crimen es una contradicción cruel que usará a los inmigrantes como chivos expiatorios y que hará que nuestras comunidades sean menos seguras”, dijo el Presidente de NHCSL Ángel Cruz, quien es Representante Estatal de Pennsylvania.
La Orden Fraternal de Policías y otras agrupaciones de agencias de ley y orden estatales y locales han expresado su oposición al H.R. 3003.
NHCSL es la asociación principal de legisladores estatales hispanos que trabaja para diseñar e implementar políticas que mejoren la calidad de vida de los hispanos alrededor del país. NHCSL fue fundada en 1989 como una organización no-partidista y sin fines de lucro 501(c)3, con la misión de ser la voz más efectiva de los más de 390 legisladores hispanos. Para más información favor visite www.nhcsl.org.
FUENTE National Hispanic Caucus of State Legislators (NHCSL)
