SAINT PAUL, MN
La Oficina del Fiscal General de Minnesota emitió hoy una opinión legal formal de que la ley de Minnesota prohíbe a las agencias policiales estatales y locales detener a alguien basándose en una orden de detención de inmigración si de lo contrario la persona sería liberada de la custodia.
Según la ley estatal, la Procuraduría General puede emitir una opinión legal a pedido de un número limitado de funcionarios o entidades públicas. La Procuraduría General emitió la opinión de hoy a pedido del fiscal del condado de Ramsey, John Choi, quien solicitó a la Procuraduría una opinión sobre si el condado de Ramsey, o por extensión cualquier condado, puede legalmente mantener a personas bajo custodia con base en órdenes de detención de inmigración emitidas por autoridades federales.
En primer lugar, la opinión analiza los tipos de órdenes de detención y de arresto que emite el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) federal. Es importante destacar que las propias normas federales especifican que las órdenes de detención emitidas por el ICE son solicitudes, no órdenes, algo que también han reconocido los tribunales federales de todo el país. Además, la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que reserva a los estados todos los poderes que no se otorgan al gobierno federal, prohíbe al gobierno federal ordenar a los funcionarios estatales y locales que hagan cumplir los programas regulatorios federales.
A continuación, la opinión aborda si la detención continua de una persona que de otro modo sería liberada de la custodia estatal constituye un “arresto” según las Constituciones de los Estados Unidos y Minnesota y concluye que cumple con la definición legal de “arresto”.
Luego considera si una orden de detención de inmigración por sí sola, que los tribunales han reconocido como un asunto civil y no penal, autoriza a los funcionarios de Minnesota a detener a alguien sobre la base de una orden de detención de inmigración, y concluye que la ley de Minnesota no autoriza a los funcionarios estatales y locales a detener o arrestar a alguien sobre la base de una orden de detención de inmigración. La ley federal tampoco otorga tal autoridad. Además, en una opinión inédita de 2019, el Tribunal de Apelaciones de Minnesota afirmó una orden judicial que prohíbe al condado de Nobles y al sheriff del condado de Nobles detener a personas debido a órdenes de detención de inmigración.
Un arresto es una incautación, y tanto la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos como el Artículo I, Sección 10 de la Constitución de Minnesota protegen a las personas de “registros e incautaciones irrazonables”. En consecuencia, la Corte Suprema de Minnesota ha sostenido que “un carcelero o superintendente de prisión puede ser considerado responsable de encarcelamiento ilegal en una acción de un prisionero detenido más allá del vencimiento de su sentencia”. Debido a que ninguna ley civil de Minnesota autoriza los arrestos por órdenes de detención de inmigrantes, las agencias de aplicación de la ley de Minnesota corren el riesgo de una responsabilidad civil significativa si hacen cumplir las órdenes de detención de inmigrantes.
