SAINT PAUL, MN
El pensar en la necesidad de que toda la población cuente con la posibilidad de portar licencias de conducir, es una situación lógica.
Lo es bajo la idea de que con ello es posible garantizar mayor seguridad en las vías públicas, así como el que quien cuenta con licencia puede también contratar seguro de auto, y por tanto ofrecer la certeza de que, en caso de un inesperado acontecimiento, habrá quien responda por los costos asociados.
Bajo esas premisas, hoy suman 13 los estados que ofrecen programas de licencias de conducir que incluyen a residentes indocumentados en los mismos. Entre ellos, figura Vermont, en donde el programa fue adoptado en el año 2014.
Sorpresivamente, se ha dado a conocer que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado, Vermont, ha compartido en forma regular la información de quienes han solicitado la licencia especial para conducir, nada más y nada menos que con la agencia de migración, ICE. Así lo ha denunciado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La información recabada por el DMV de Vermont se refiere a una prueba de nacimiento (acta de), que puede ser reemplazada con la presentación de pasaporte, una licencia previa, una identificación consular emitida por los gobiernos de México, Guatemala o cualquier otro país con estándares de seguridad comparables, o bien un certificado de haber solicitado acta de nacimiento, de adopción, de matrimonio, etc. SE solicita un número de seguridad social, o la constancia de la administración local de seguridad social de no ser elegible para recibir dicho número. Finalmente, se pide un comp0robante de residir en el estado. Todo ello debe acompañarse por al menos de las palcas o registro del automóvil, un estado de cuenta bancario, un documento de prueba de una compañía de seguros, una boleta o certificado de calificaciones escolares, formas de impuestos tanto locales como federales o registros o recibos de pagos médicos.
El hecho es que en el estado de Vermont, ha sido evidente que la información colectada ha sido compartida a solicitud de las agencias de migración, como lo muestra tan solo el caso de un inmigrante procedente de Jordania, quien fue detenido luego de solicitar una licencia de conducir.
Según la denuncia presentada por ACLU, el DMV de Vermont ha coordinado con las oficinas de inmigración esta y mucha más información, lo que ha llevado a la detención sistemática de inmigrantes indocumentados.
Ante esta situación, el gobernador del estado, Phil Scott, indicó que buscará que las autoridades locales rectifiquen la forma en que se ha procedido. Esto en el contexto de la firma de una legislación local que se opone directamente a las órdenes anti- inmigrantes que ha publicado la Casa Blanca, a iniciativa del presidente Trump.
Oficiales de ICE solicitan, ocasionalmente, información procedente del DMV relativa a inmigrantes que se encuentren en el país en forma indocumentada, y quienes hayan solicitado una identificación bajo las leyes vigentes en Vermont. La coordinación entre el ICE y la DMV se ha mantenido, aparentemente, pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos calificó el hecho del inmigrante jordano, como una acción discriminatoria.
Ante esta situación, cabe preguntarse si habrá, en cualquiera de los 12 estados restantes que cuentan con legislación similar, o entre aquellos que habrán de adoptarla en breve, alguna garantía de que quienes soliciten una licencia para conducir no quedarán expuestos a autoridades de inmigración, cuando estos lo soliciten.
Un asunto sumamente delicado, que va mucho más allá del contexto de la seguridad de los caminos, y que cuestiona el papel que deben jugar los gobiernos locales ante las nuevas políticas adoptadas a nivel federal.
