SAINT PAUL, MN
La única clínica que practica abortos en Misuri denunció hoy que seguramente tendrá que cancelar ese servicio esta semana porque el Gobierno estatal se niega a renovar su licencia, algo que convertiría a ese estado del medio oeste en el único de todo el país donde no hay acceso a esta prestación médica.
La organización Planned Parenthood, que opera la clínica con sede en Saint Louis, demandó hoy al estado de Misuri para tratar de impedir que el centro deje de practicar abortos a partir de este viernes, cuando caduca su licencia.
“Esta semana, Misuri va a ser el primer estado del país en pasar a la oscuridad, sin un centro de salud que provea cuidados de aborto legales y seguros. Más de un millón de mujeres en edad reproductiva en Misuri dejarán de tener acceso a un centro de salud que provea servicios de aborto en el estado en donde viven”, alertó la directora de Planned Parenthood, Leana Wen, en una rueda de prensa telefónica.
La ginecóloga de la clínica de Saint Louis, Colleen McNicholas, apuntó en la misma llamada que “esto es acoso, es un intento de intimidación de doctores al nivel más alto del Gobierno”.
De acuerdo a esta médico, el Departamento de Salud de Misuri ha decidido no renovar la licencia de la clínica tras emprender “una investigación que parece no tener base” sobre posibles “deficiencias” en el trabajo del centro.
El pasado 20 de mayo, el Departamento de Salud de Misuri notificó a Planned Parenthood tres asuntos que podrían influir en la renovación de la licencia, según documentos a los que ha tenido acceso CBS News.
Dos días más tarde, la red de clínicas de salud reproductiva aseguró que iba a abordar dos de esos temas: “Ajustar” la persona de la clínica que proporciona asesoría legal, algo que exige el estado, y añadir un examen pélvico adicional a las pacientes que acuden para abortar.
Planned Parenthood advirtió de que el tercer punto estaba fuera de su control, ya que, de acuerdo a esta organización, el Departamento de Salud había anunciado que estaba investigando “prácticas deficientes” y necesitaba entrevistar a siete médicos que trabajan en la clínica.
El grupo indicó que podría proporcionar entrevistas con dos de sus empleados, ya que el resto no estaban contratados por Planned Parenthood y no querían ser interrogados.
El viernes pasado el gobernador de Misuri, Mike Parson, promulgó una ley sobre el aborto que prohíbe la interrupción del embarazo después de la octava semana de gestación, sumándose a otros estados con leyes similares.
“Con la firma de esta ley enviamos hoy una señal firme a la nación de que en Misuri defendemos la vida, protegemos la salud de las mujeres y abogamos por los no nacidos”, indicó el gobernador en una declaración con motivo de la firma de la ley.
“Toda vida tiene valor y merece protección”, añadió.
Alabama promulgó también recientemente una ley sobre el aborto que no contempla excepciones, ni siquiera en casos de violación o incesto, y amenaza con cadena perpetua a los médicos que practiquen interrupciones del embarazo.
En el caso de Misuri, la ley prohíbe el aborto tras la octava semana de embarazo, una vez que se detecta el latido de corazón del feto, aunque para entonces muchas mujeres saben que lo están.
En un comunicado, Planned Parenthood denunció que “no es una práctica nueva para los políticos en Misuri o de otros estados la de usar una combinación de leyes estatales y acoso normativo para apuntar a los proveedores de servicios de aborto”.
La organización recordó en la nota que Misuri exige a los médicos que realicen prácticas a las pacientes como “exámenes pélvicos invasivos e innecesarios” e imponen decenas de restricciones innecesarias que hacen que sea casi imposible acceder al aborto.
“Este es el mundo que la Administración de Trump y los oficiales públicos republicanos de todo el país han estado promoviendo – un mundo en donde el cuidado del aborto sea ilegal e inaccesible en este país”, lamentó Wen en el comunicado.