MINNEAPOLIS, MN
Si has tenido la oportunidad de viajar por avión en los últimos meses, habrás podido leer una advertencia al volver y pasar a los puntos de seguridad: “Identificaciones de residentes de los estados de Montana, Minnesota, Missouri y Maryland, no serán aceptadas a partir del mes de enero del 2018. Los residentes de estos estados deberán presentar alguna identificación oficial adicional para poder abordar sus vuelos.”
Si tus viajes han sido de placer, o de negocios, el aviso es de tomarse en cuenta.
Por su parte, el gobierno del estado ha comandado al Departamento de Seguridad Pública para determinar el costo y procedimientos necesarios en la transición a la Real ID en el territorio, a partir de marzo del 2016, cuando el gobernador Mark Dayton firmó la iniciativa que se convertiría en ley. Sin embargo, hasta hoy, abril del 2017, el congreso no ha aprobado ninguna iniciativa de ley en busca de que Minnesota se encuentre en observancia de los mandatos federales.
En suma, hoy Minnesota no cumple con los requisitos establecidos a nivel federal de contar con una forma de identificación diseñada con las premisas que el Departamento de Seguridad Nacional ha establecido.
La afectación no se circunscribe a abordar vuelos a destinos nacionales, pues también prohibirá el acceso a plantas nucleares de poder, bases militares y edificios del gobierno federal en todo el país.
La situación de la Real ID es, sin embargo, mucho más compleja de lo que la medida en sí misma establece.
La misma se ha propuesto como forma de garantizar que quienes porten una identificación oficial para conducir o similar, se encuentren en plena observancia de la ley. Se busca, igualmente, hacer más difícil para quienes atenten contra la seguridad nacional, el contar con libre acceso a puntos que puedan resultar objetivo para ellos en la comisión de dichos actos.
Pero también, la discusión sobre la Real ID ha derivado a la presencia inmigrantes indocumentados en el estado de Minnesota.
Incluso, los argumentos que acompañan a la primera propuesta de Real ID que fue rechazada por el senado hace unas semanas, incluía claras alusiones a evitar que dichos residentes pudieran incluso contar con una licencia para conducir emitida localmente.
Ya en febrero, la casa de representantes discutió y aprobó la iniciativa de ley que incluía un discurso abiertamente anti-inmigrante. Un argumento que propone que todos aquellos que soliciten la Real ID deben cumplir con todos los requisitos legales, y que, como lo interpretan los legisladores que apoyan la propuesta con dicho lenguaje, simplemente evitaría que cualquier persona indocumentada pueda contar con ella.
El senado ha devuelto la iniciativa para su discusión, con enmiendas que eliminan referencias a residentes indocumentados, pero con pocas posibilidades de que los representantes logren llegar a acuerdos para aprobarla.
Un escenario sumamente complejo, pues quedaría entonces que el gobierno del estado solicite una nueva extensión al gobierno federal, o bien que solicite que se acepte en su lugar, una identificación “mejorada” que cumpla con la mayoría de los requisitos, pero que sea optativa y no obligatoria.
En este contexto, estaríamos ante dos posibilidades:
1. Que la Real ID no se apruebe y que muchos residentes del estado se vean afectados al buscar viajar vía aérea o bien que deseen o deban ingresar a recintos oficiales sin que se les permita hacerlo, o
2. Que se apruebe con el discurso anti-inmigrante que contiene, afectando a sectores importantes en el estado. Acaso, en cualquiera de los posible escenarios, un prevaleciente sentido anti-inmigrante se verá agudizado, ya sea culpando a estos residentes por influir en que la ley no fuera aprobada, o bien objetivando aún más a dichos residentes, al exponerlos con mayor evidencia y abriendo la posibilidad de peores acciones en su contra.
Lo real de la Real ID es que en Minnesota se ha vuelto en una manzana de discordia contra amplios sectores de inmigrantes en el estado.