MINNEAPOLIS, MN
Los tiroteos con víctimas mortales por parte de la Policía no se han reducido durante la pandemia, se mantienen en los mismos niveles de años anteriores y siguen afectando desproporcionadamente a personas afroamericanas, de pueblos indígenas o latinas, según reveló este miércoles la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
ACLU publicó hoy el informe “La otra epidemia: tiroteos mortales de la Policía en tiempos de COVID-19”, donde da cuenta de 511 personas fallecidas por disparos de las fuerzas del orden en la primera mitad de 2020 y señala que la media semanal (19,4) es exactamente la misma que en esos mismos periodos para todos los años comprendidos entre 2015 y 2019.
“Pese a una crisis de salud pública única en la vida, que ha alterado las normas sociales y causado un descenso en las interacciones físicas, la policía sigue logrando matar gente al mismo ritmo que antes del brote de COVID-19”, dijo la asesora de políticas policiales de ACLU, Paige Fernández, quien resaltó que la violencia policial es “endémica”.
De acuerdo al documento, que resalta que no se hace un recuento ni análisis público sobre esta lacra de manera sistemática, la policía estadounidense mata al menos a mil personas cada año, y desde enero de 2015 hasta ahora los agentes han disparado y matado a 5.442 personas como mínimo, una “cifra conservadora que excede” a la de otros países “ricos”.
En un 46 % de los tiroteos mortales de la Policía mueren personas blancas, que componen el 60 % de la población; en el 24 % mueren personas negras, que componen el 13 %; y en el 17 % de las ocasiones mueren personas de origen hispano, que componen el 19 % de la población, según datos del diario The Washington Post y del Censo de EE.UU. recogidos por la organización.
“Para abortar la marea de violencia policial que sigue en las comunidades negras y morenas pese a una pandemia global, debemos transformar las fuerzas del orden en el país reduciendo drásticamente el rol, las responsabilidades, el poder y los fondos de los departamentos de Policía”, agregó Fernández.
Entre las recomendaciones de los expertos está reinvertir en servicios basados en la comunidad que estén “mejor equipados para responder a sus necesidades y reducir las interacciones policiales”.
Asimismo, propone prohibir que los policías puedan controlar una serie de infracciones “no serias”, cambiar los estatutos sobre el uso de la fuerza, abolir medidas que dan inmunidad frente a “violaciones constitucionales” o establecer estructuras de control independientes para que se rindan cuentas en el Cuerpo, entre otras cosas.
