SAINT PAUL, MN
Registros criminales ahora más fáciles de borrar bajo la nueva ley
Quienes hayan cometido algún delito, y hayan cumplido pagando por ello, saben bien lo difícil que es reintegrarse a la sociedad como elementos funcionales y activos. Muchos son los casos documentados en los que el hecho de haber servido tiempo en prisión actúa en contra de las personas que buscan ser contratadas en diversos empleos. Para muchas de esas personas, las ofensas cometidas quedan como huella permanente en su pasado, pese a haber cumplido con los mandatos de la ley.
El estado de Minnesota es un lugar en el que la presión social y los estigmas en contra de quienes hayan violado la ley, pesan significativamente en la toma de decisiones por cuanto a contrataciones e inclusión de quienes hayan servido tiempo ya sea en prisión o bajo condición probatoria. Bajo las condiciones actuales en el área legal, es permitido que cualquier empleador esté autorizado a poner condiciones y prohibiciones al contratar personas con antecedentes criminales. De ahí que sea autorizado, e incluso fomentado, el que se solicite un estudio de dichos antecedentes en cada caso en el que una persona solicite una posición dentro de cualquier firma u organización.
Esa situación es aún más crítica en Minnesota en comparación con el resto del país. A partir de 1980, el número de crímenes con encarcelación en el estado, se ha incrementado en casi seis veces, por cuanto el porcentaje de ellos con respecto al total de la población, cifra superior a la observada en todo el país. Los datos son alarmantes y hablan de una población expuesta a la exclusión en un número creciente, una vez que cumplen con sus condenas.
A partir de hoy, quienes hayan cometido algún delito, cuentan con una segunda oportunidad para ser contratados. De hecho, una nueva ley que ha entrado en vigor a partir del primero de enero de este año, facilita a quienes hayan cometido delitos menores, y que hayan sido convictos, el poder sellar sus archivos ante los chequeos de antecedentes que son rutinarios entre empleadores.
Gary Schiff, presidente del Concejo sobre Crimen y Justicia, una de las organizaciones líderes en la promoción de esta nueva ley, señaló que dicha ley “es positiva para todos. Si alguien cuenta con un empleo, si alguien tiene una casa, esas personas son menos proclives a volver a cometer un crimen para terminar de nueva cuenta tras las rejas.”
Bajo la nueva ley, será posible para algunas personas el evitar que sus registros sean accesibles por períodos de dos a cinco años luego de haber cumplido con sus sentencias. Una medida que se ha implementado en otros estados, y que se enmarca entre los esfuerzos que se han hecho en busca de ayudar a aquellas personas que han cometido delitos menores y no violentos en su completa reintegración a la sociedad.
Las condiciones que determinan la comisión de delitos, se encuentran fuertemente ligadas a las condiciones de vida que prevalecen entre diversas comunidades. A ello se suma también la falta de equidad en la aplicación de justicia. Por ello, y como se ha documentado en muchas ocasiones, es común que los grupos con mayores desventajas, representen la mayor proporción de prisioneros en el estado y en el país. En este contexto resalta la declaración del senado Bobby Joe Champion, quien lideró la autoría de las iniciativas que derivaron en la nueva ley:
“Si buscamos crear vías para salir de condiciones de pobreza y alcanzar prosperidad, entonces debemos desarrollar la infraestructura que permita a los individuos el ser juzgados con base en sus habilidades y calificaciones, y no tan sólo por su pasado.”
