SAINT PAUL, MN
Apenas a un poco tiempo de que cientos de miles de inmigrantes indocumentados comenzaran a someter sus solicitudes para obtener permisos de trabajo y protección legal temporal, oficiales administrativos del gobierno federal pospusieron este martes 17 de febrero la entrada en vigor de la acción ejecutiva presidencial de manera indefinida. El argumento fue que se tenía que cumplir con la orden de último minuto que expidió un juez federal, a fin de detener la aplicación de los programas anunciados.
Según reporta el diario The New York Times, la decisión del juez representa un duro golpe en contra del presidente, quien se ha visto muy activo en el uso de su autoridad para promover acciones ejecutivas de cara a la sistemática respuesta de los legisladores republicanos de oponerse a reformar el sistema de inmigración en el país. Por su parte, oficiales de la casa blanca sostienen que la acción presidencial se ha dado estrictamente dentro de los marcos legales, incluso aun cuando sus adversarios en el congreso le han acusado de abusar de su poder presidencial.
Cabe recordar que el pasado lunes el juez Andrew S. Hanen, del Distrito Federal de Corte del Distrito del Sur de Texas, con base en Brownsville, falló en favor de Texas y otros 25 estados que han cuestionado la legalidad de las acciones iniciadas por el presidente en materia de migración. El juez señaló que los programas presidenciales podrían imponer un problema en los estados, desatando mayor inmigración ilegal y afectando los presupuestos estatales, y que la administración no ha seguido los procedimientos requeridos para introducir cambios en las reglas federales.
El presidente Obama aseguró el martes que apelaría el fallo del juez, y expresó tener plena confianza en que vencería en la batalla legal para defender su firma de un logro en política pública. “La ley está de nuestro lado,” declaró el presidente.
Por su parte, oficiales de la casa blanca aseguraron que continuarían trabajando en preparar la puesta en práctica de las acciones ejecutivas presidenciales, pero que por lo pronto no aceptarían ninguna solicitud de parte de trabajadores indocumentados, al menos hasta que el caso legal haya sido resuelto. Lo cual podría tomar incluso meses. Al mismo tiempo, el presidente urgió a los legisladores republicanos que vuelvan a las mesas de negociación para acordar una mayor reforma en las leyes migratorias.
“No debemos promover que se separe una madre de sus hijos cuando los hijos hayan nacido aquí [en los Estados Unidos] y cuando la madre haya vivido aquí por más de 10 años atendiendo sus propios negocios y siendo una parte importante de su comunidad,” dijo Obama.
Dentro del equipo que colabora con el presidente, existe clara conciencia de que la medida impuesta por el juez Hanen causará desazón y desconsuelo entre la comunidad de inmigrantes que habría contado con la medida presidencial para aliviar su situación; especialmente entre aquellos que han desarrollado incontable trabajo para lograr documentar la acción ejecutiva de Obama, que buscaría evitar separar familias, incluyendo hijos o esposos de quienes se encuentran viviendo en forma legal dentro de los Estados Unidos.
Importantes figuras en el campo republicano se encuentran muy contentos con la decisión judicial. Entre ellos el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien dijo: “El presidente Obama abdicó a su responsabilidad de defender la Constitución de los Estados Unidos cuando intentó eludir las leyes aprobadas por el Congreso a través de un decreto ejecutivo,… y la decisión del juez Hanen detuvo de forma correcta la extralimitación en sus funciones del presidente.” En este mismo tono se escuchan muchas otras expresiones republicanas, celebrando la decisión judicial.
En contra, defensores de los inmigrantes, así como académicos y otros profesionales en el ámbito legal, cuestionan la juez Hanen señalando que ha fallado al no considerar los beneficios que las acciones ejecutivas tienen en el plano de la seguridad nacional y el desarrollo económico, al lograr que millones de inmigrantes no autorizados puedan ser obligados a pagar sus impuestos. Activistas comunitarios han dicho que continuarán ayudando a inmigrantes en la preparación de sus solicitudes y documentación, bajo la certeza de que los programas estarán muy pronto en vigor.
