MINNEAPOLOIS, MN
Una coalición de organizaciones proinmigrantes pidieron este lunes a un juez federal en Nueva York que emita una orden para detener preliminarmente la puesta en marcha de la regla de “carga pública” de la Administración del presidente Donald Trump, que entrará en vigor el próximo 15 de octubre.
El juez George B. Daniels, de la corte federal para el distrito sur de Nueva York, en Manhattan, pidió a las partes en este conflicto, los demandantes, representados por el Centro de Derechos Constitucionales y la Sociedad de Ayuda Legal, y a la Administración Trump, que sometan sus argumentos por escrito.
Las organizaciones argumentaron ante el tribunal que la propuesta, que hace inelegibles a la residencia permanente o a la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes que hayan recibido ciertos beneficios públicos, es “unilateral e inconstitucional”.
Igualmente argumentaron que la puesta en marcha de este “cambio dramático” en la política migratoria debe detenerse hasta tanto se determine su legalidad.
Las partes deberán someter sus argumentos para el mediodía de este martes y el juez dará a conocer su decisión a finales de esa semana, indica en un comunicado Se Hace Camino Nueva York, miembro de la coalición.
“Esta regla discrimina basado en raza, discapacidad e ingresos para reducir drásticamente el número de inmigrantes” que pueden obtener su residencia permanente, afirmó la abogada del Centro para Derechos Constitucionales, Gita Schwarz,de acuerdo con el comunicado.
Mientras que la abogada de la Sociedad de Ayuda Legal, Susan Welber, aseguró que la nueva regla “va en contra de los valores fundamentales de nuestra nación y busca castigar a inmigrantes trabajadores enviándoles el mensaje de que si no son ricos, no son bienvenidos”.
Esta regla ha sido impugnada en corte por varias ciudades y estados, entre ellos, Nueva York, representado por la Fiscalía general.
“La regla de carga pública de la Administración Trump es un intento atroz de infringir las leyes y los valores de este país. Si la regla se aplica la próxima semana, los neoyorquinos, tanto ciudadanos como no ciudadanos, se verán afectados negativamente”, indicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James en otro comunicado.
La lista de beneficios a los que no podrá recurrir un inmigrante si tiene la intención de hacerse ciudadano o residente permanente incluye programas de asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas de atención de salud y que subsidian el elevado costo de las medicinas, entre otros.
