SAINT PAUL, MN
La legislatura controlada por el partido republicano ha puesto en marcha su capacidad para aprobar leyes que buscan afectar las condiciones prevalecientes en la forma en la que la salud pública es entendida y practicada hoy en día. Ayer, 24 de abril, la casa de representantes ha aprobado una iniciativa de ley que limita el uso de fondos estatales para apoyar el costo de procedimientos clínicos de aborto entre mujeres de escasos recursos, quienes empleen programas de salud público.
Esta nueva medida se agrega a la previamente aprobada en el sentido de establecer nuevos requisitos a cumplir por parte de las clínicas en las que se lleve a cabo este procedimiento clínico en el estado de Minnesota. Ambas iniciativas fueron presentadas por la bancada republicana en el estado, que mantiene la mayoría, y a las que la totalidad de los legisladores demócratas se opusieron.
Las medidas pasaron en la votación, no sin antes provocar un intenso debate en la sesión legislativa, en la que los argumentos en contra fueron reiterativos por parte de quienes hoy forman parte de la minoría. Y, sin embargo, es poco probable que estas se conviertan en leyes estatales ya que, en caso de que sean aprobadas en el senado, el gobernador demócrata del estado, Mark Dayton, ha manifestado que vetará su implementación.
La discusión ha sido sumamente álgida, con un sector entre el grupo de legisladores sosteniendo que el aborto es un acto en contra de la vida de niños no nacidos, en tanto que los demócratas afirman que se trata de una clara invasión a los derechos de la mujer a la salud pública, en tanto que la decisión sobre su propio cuerpo, debe ser de la mujer misma.
La distribución de los votos en ambas iniciativas pusieron de manifiesto las posiciones ante este y otros tantos temas a discusión hoy en día. El restringir el acceso de fondos estatales para las clínicas que practican abortos se aprobó por 77 votos a favor y 54 en contra, en tanto que la aplicación de mayores controles a las mismas clínicas se dio con 79 votos a favor y 53 en contra.
Para algunos analistas, la aprobación de estas leyes en el senado, es inminente, en la medida en que los legisladores republicanos controlan también dicha instancia legislativa.
Un estudio reciente por parte de la organización PEW, encontró que la mayoría de la población adulta en el país, 59 por ciento, sostienen que la práctica del aborto debiera ser legal en el país, en tanto que el 37 por ciento indicó su tendencia a calificar dicho acto como ilegal. Estos últimos, argumentan que el costo que implica la asistencia del estado para tal intervención quirúrgica, supone más de 1 millón de dólares.
El derecho a la reproducción, y a la salud pública, es uno de los argumentos más repetidos entre quienes proponen que el estado continúe apoyando a mujeres de escasos recursos ante tales circunstancias. Y esta postura se alinea con diversas leyes adoptadas en el país, incluida la de 1995 en el estado, que indica que la asistencia médica no debe negarse a las mujeres que lo soliciten al momento de practicar un aborto.
En suma, quienes por alguna razón, sea esta clínica, o bien preventiva al haber sido afectadas por circunstancias ajenas a su voluntad (una violación, por ejemplo), verán su vida peligrar al no contar con apoyo del estado, ya que es muy probable que la clandestinidad se vuelva la norma, y con ello el riesgo de afectar la vida de las propias mujeres, se incremente significativamente. Esto es, si las leyes aprobadas por la cámara de representantes entran en vigor en cualquier momento.
