MINNEAPOLIS, MN
Varias organizaciones de inmigrantes pidieron este martes que el gobierno federal y los estatales den ayuda financiera a los trabajadores de plantas procesadoras de carne del país, donde se registran ya unos 6.500 casos de COVID-19.
“Más de la mitad de los trabajadores en los frigoríficos son inmigrantes. No podemos hacernos los ciegos y no lo vamos a hacer”, dijo hoy en una rueda de prensa Marielena Hincapié, directora ejecutiva de la National Immigration Law Center (NILC)
En estados como Colorado, Nebraska, Iowa y Oklahoma, las plantas procesadoras de carne se han vuelto focos de contagio del nuevo coronavirus, pero aún así deben mantenerse operativas ya que desde el pasado 28 de abril el gobierno federal los consideró “esenciales” en el marco de la Ley de Defensa de Producción.
Para Hincapié, que muchos trabajadores deban presentarse a trabajar, incluso si están enfermos, porque no gozan de días pagos por enfermedad, y que carezcan del equipo de protección adecuado, o que las compañías no respondan a los pedidos de sus empleados es una “actitud cruel y con devastadoras consecuencias”, que además afectará a toda la cadena de suministros de alimentos.
“Los trabajadores de frigoríficos tienen el derecho de estar seguros en sus puestos de empleo todos los días, no solamente durante esta pandemia”, expresó la dirigente.
Uno de esos trabajadores, Guadalupe Páez, se contagió dentro de la planta procesadora de carne de la firma JBS en Green Bay (Wisconsin). Su situación de salud se deterioró tanto que el pasado 12 de abril fue internado en estado grave en un hospital local y ahora, aunque ya le dieron el alta, su débil condición le impide regresar al trabajo.
“Tenemos derechos. Pero muchos se callan”, dijo Páez en declaraciones que hizo durante la rueda de prensa.
Su hija, Dora Flores, explicó que a pesar de casi 15 años trabajando en el frigorífico, una vez enfermo la única opción de su padre fue ir por sus propios medios a una sala de emergencias, debido a que JBS no proveyó ni exámenes de salud ni información sobre casos de coronavirus en la planta.
“Hablamos con mi papá y decidimos que debíamos decirle a la gente que él tenía el virus, porque la compañía no les estaba diciendo a la gente quién tenía el virus”, comentó Flores.
La decisión fue “bien difícil para la familia”, por las consecuencias laborales, por lo que decidieron pedir ayuda a Voces de la Frontera, en Milwaukee (Wisconsin). Sólo con esa ayuda, dijo Flores, “mi papá está hoy en casa con nosotros”.
En el frigorífico donde trabajaba Páez se han detectado unos 1.500 casos de coronavirus, mientras que en la procesadora de carne de cerdo de Seaboard Foods, en Guymon (Oklahoma), 116 de sus 2.700 empleados están contagiados, según dio a conocer la propia compañía el lunes.
Aunque esa planta sigue operando, los trabajadores aún no tienen acceso a exámenes médicos y, si se enferman, la compañía los califica como “temporalmente incapacitados”.
En otro frigorífico de la misma empresa, ubicado en Missouri, hay hasta el momento 370 contagios, mientras que en la planta de JBS en Grand Island (Nebraska), el índice de contagio es hasta cinco veces superior al promedio nacional, según las autoridades de salud del Condado Hall.
“Se trata de trabajadores esenciales que están en el frente de batalla contra el COVID-19 y que están obligados a presentarse a trabajar todos los días, con un riesgo mayor de exponerse y de morir por el virus”, indicó Hincapié.
“Los trabajadores esenciales de todo el país necesitan protección en su lugar de trabajo para garantizar su seguridad”, insistió, para resaltar luego la necesidad de acceso a cobertura de salud, pruebas de diagnóstico de COVID-19, tratamiento cubierto por la compañía, asistencia económica y acceso a los programas gubernamentales de ayuda.
El problema ha llevado a que el Concejo Municipal de Denver solicite el lunes protección para esos trabajadores, ello después de que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) revelase que Colorado es el estado con más muertes por coronavirus asociadas con empacadoras de carne.
Esa protección, dijo el concejo municipal, debe incluir “la protección contra represalias para los trabajadores que se sientan enfermos, que se queden en cuarentena en sus casas o que reporten síntomas”.
