MINNEAPOLIS, MN
Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud reproductiva de EE.U, pidió a la Justicia en Texas desestimar una demanda interpelada por el gobierno estatal, que busca hacer que la organización pague más de 1.000 millones de dólares por subsidios sanitarios que recibió desde 2017.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien presentó la demanda, asegura que Planned Parenthood perdió el derecho a recibir reembolsos de la red pública de salud Medicare en 2017 y que, por ende, debe devolver todo el dinero que ha recibido por parte del Gobierno desde entonces.
La organización niega las acusaciones, asegurando que siempre cumplió la ley. “Esta demanda es un ataque sin fundamento y con motivaciones políticas contra Planned Parenthood y los servicios vitales que brindan los centros de salud”, aseguró el proveedor de servicios de salud reproductiva en un comunicado el sábado.
Los servicios que la organización dio a pacientes a través del programa Medicaid, que ofrece un seguro sanitario accesible a personas de bajos recursos, “fueron aprobados por una corte federal y luego por una corte estatal de Texas” hasta 2021, agregó la organización.
La batalla legal entre Planned Parenthood y el estado de Texas por los reembolsos de Medicaid se remonta a 2016, cuando el gobierno sureño emprendió una campaña para evitar que Planned Parenthood fuera un proveedor médico accesible por medio de la sanidad pública.
Un video manipulado y que ya ha sido señalado como información falsa, en el que se insinuaba que las personas que practicaban abortos en los centros de la salud de la organización vendían tejido fetal, fue la chispa que desató la controversia.
En febrero de 2021, la Justicia finalmente se decantó por la posición del estado, eliminando a Planned Parenthood de la lista de proveedores que pueden recibir dinero de Medicaid por prestar sus servicios.
El dinero de los reembolsos de Medicaid que el estado de Texas está pidiendo a la organización en la demanda, que incluye millones de dólares en distintas tasas y penalidades, no corresponde a servicios de aborto, que no pueden realizarse con fondos gubernamentales.
El aborto en la mayoría de los casos está prohibido en Texas desde septiembre, cuando la Corte Suprema de EE.UU. revocó el fallo “Roe contra Wade” que desde 1973 protegía el derecho de las personas gestantes a elegir.
