MINNEAPOLIS, MN
Miembros del Congreso, sindicalistas y activistas abogaron hoy lunes por la rescisión del Título 42, medida sanitaria por la cual unos 1.8 millones de migrantes han sido expulsados de Estados Unidos desde marzo de 2020, el día en que el Gobierno había programado dejar de aplicarla.
“El Título 42 es una reliquia racista y xenófoba de la agenda antiinmigrante del Gobierno (del ahora expresidente Donald) Trump”, afirmó la representante federal Pramila Jayapal, demócrata por Washington y presidenta del Caucus Progresista del Congreso.
El Gobierno del presidente Joe Biden había fijado este lunes 23 de mayo como la fecha para cesar la aplicación de esa norma sanitaria que permite la expulsión expedita de extranjeros a quienes se considere como una amenaza para la salud pública por la pandemia de covid-19.
Pero el viernes pasado el juez federal Robert Summerhays, de Luisana, dejó en suspenso la decisión del Poder Ejecutivo en respuesta a una demanda iniciada por los gobiernos republicanos de varios estados.
Citada en un comunicado de la organización proinmigrante Welcome With Dignity, Jayapal afirmó que la orden del juez “está equivocada y responde a motivos políticos y no a los hechos”.
El mantenimiento en vigencia del Título 42 “sigue permitiendo la expulsión de personas que buscan refugio en nuestra frontera y es una afrenta a nuestros valores centrales como estadounidenses y a nuestra historia de amparo a los oprimidos”, señaló a su vez Mary Kay Henry, presidenta del Gremio Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, en inglés).
Quienes critican la política de inmigración del presidente Biden sostienen que la cancelación del Título 42 causaría una “invasión de inmigrantes indocumentados”.
Por su parte Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley de Inmigración, sostuvo que el uso de esa norma sanitaria “es una política cruel que nunca tuvo sustento en razones de salud pública”.
“El Gobierno de Biden tomó la decisión correcta de ponerle fin. Instamos al Gobierno a que defienda enérgicamente la rescisión del Título 42 contra quienes quisieran cimentar esta política horrenda de Trump en una legislación”.
Para Michael Breen, presidente de la organización Human Rights First, “es alentador que el Departamento de Justicia haya presentado rápidamente una apelación contra la resolución de la corte de Luisiana”.
“Ahora es crítico que la Administración tome todos los pasos necesarios para defender la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de poner fin al uso del Título 42”, añadió.
Anna Gallagher, directora ejecutiva de la Red Católica de Inmigración Legal, sostuvo que “hombres, mujeres y niños vulnerables pagan el precio por una política sustentada en el racismo, la xenofobia y la politización de la vida humana”.
