SAINT PAUL, MN
La Oficina del Fiscal General de Minnesota publicó una guía para las escuelas de Minnesota con respecto a sus responsabilidades legales con respecto a las prioridades de cumplimiento de la ley federal de inmigración.
La guía reitera que, independientemente de los cambios en la política federal de inmigración, las escuelas siguen estando obligadas por ley a brindar educación pública a los estudiantes independientemente de su estatus migratorio, deben proteger los datos de los estudiantes y no pueden ser obligadas a hacer cumplir un programa federal o cambios en las políticas federales.
La guía enfatiza que, según la ley estatal y federal, las escuelas de Minnesota deben brindar acceso igualitario a la educación a todos los estudiantes, independientemente de su raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, estado civil, condición de beneficiario de asistencia pública, discapacidad o condición migratoria. También recomienda que las escuelas se aseguren de que sus políticas no nieguen ni desalienten el acceso a la escuela en función de la condición migratoria.
La guía también señala que, en virtud de la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y de precedentes bien establecidos de los tribunales federales, incluida la Corte Suprema de los Estados Unidos, el gobierno federal no puede obligar a los funcionarios estatales o locales a administrar o hacer cumplir un programa federal. Esto era cierto antes de los cambios recientes en la política federal de inmigración y sigue siendo cierto ahora.
La guía analiza luego la protección de la privacidad que se brinda a los estudiantes de Minnesota. Según la Ley federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Prácticas de Datos del Gobierno de Minnesota, las escuelas están obligadas a proteger la privacidad de los registros educativos de los estudiantes. Ambas leyes permiten a las escuelas compartir “información de directorio” limitada bajo condiciones específicas, pero por lo demás prohíben en general la divulgación de datos privados de los estudiantes sin consentimiento.
La información del directorio es información que, en gran medida, no se considera dañina ni violatoria de la privacidad si se divulga. Algunos ejemplos de información del directorio incluyen el nombre de un estudiante, las fechas de asistencia y los honores y premios recibidos. La ley de Minnesota prohíbe explícitamente que las instituciones de educación primaria y secundaria designen “la dirección de domicilio, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico u otra información de contacto personal de un estudiante” como información del directorio. La ley de Minnesota también exige que las escuelas notifiquen a los padres y estudiantes sobre el derecho a optar por no divulgar la información del directorio de un estudiante.
La divulgación de datos privados de los estudiantes está permitida en circunstancias limitadas. En general, las escuelas deben cumplir con las órdenes judiciales, que son documentos emitidos por un tribunal judicial y firmados por un juez o magistrado federal o estatal. Por el contrario, las escuelas no están obligadas a cumplir con las órdenes administrativas, que son emitidas por una agencia federal y firmadas por un funcionario como un agente del ICE o un juez de inmigración.
Dado que existen muchos tipos diferentes de documentos que los agentes de inmigración pueden utilizar para respaldar sus solicitudes, no se debe esperar que los miembros del personal determinen si el solicitante tiene derecho a la información solicitada. La guía recomienda que los distritos escolares designen a un empleado del distrito para que reciba esta documentación y sirva como enlace entre el distrito y el asesor legal, quien ayudará a determinar los pasos siguientes apropiados.
Si un miembro de la policía, incluido un agente de ICE, solicita acceso a un estudiante, la guía recomienda que el distrito notifique a los padres del estudiante, a menos que se lo impidan los términos de una orden judicial o citación, remita a ese agente al empleado designado dentro del distrito y consulte con el asesor legal del distrito para garantizar que se siga el protocolo adecuado.
La guía luego proporciona recomendaciones sobre cómo los distritos pueden tomar medidas proactivas para establecer, hacer cumplir y comunicar políticas sobre cómo los funcionarios escolares planean responder a la aplicación de la ley de inmigración federal en sus campus, incluyendo brindar capacitaciones sobre los derechos y responsabilidades de los empleados y los estudiantes, compartir con el personal y los padres las políticas del distrito relacionadas con las solicitudes de los funcionarios federales de inmigración, afirmar su intención de brindar a todos los niños una educación pública gratuita y más.
