POR HÉCTOR BENÍTEZ CAÑAS
Durante el interinato de Juan Guaidó, la administración de Donald Trump reconoció la extensión automática de los pasaportes venezolanos hasta por un periodo de cinco años, después de su expiración sobrevenida. Ahora Estados Unidos ha publicado una nueva metodología para determinar cuáles tienen esa extensión.
Se sigue reconociendo a los pasaportes que no cuenten con prórroga o extensión después del 7 de junio de 2019. Es decir, a quienes les haya llegado prórroga después de esa fecha, su pasaporte vence cuando le corresponde, y no tienen derecho a cinco años más.
Los que hayan tenido una extensión o prórroga antes del 7 de junio de 2019, sí se les considera la vigencia o extensión de cinco años, después del vencimiento. Hay un cambio en las reglas del juego, que no estaba advertida, pero definitivamente son las nuevas normas.
Hoy día, esto tiene mucho impacto, porque hay una gran cantidad de venezolanos fuera del país, que no han hecho trámites nuevos de pasaporte y contaban con hacer uso de la extensión automática. Ahora, probablemente, no lo podrán hacer.
Alrededor de medio millón de venezolanos viven en Estados Unidos. Otros países, como Colombia, reconocen el pasaporte venezolano expirado como vigente, hasta diez años después.
El problema es que muchos venezolanos en Estados Unidos tienen procesos abiertos de asilo. Se supone que no deberían estar requiriendo pasaporte venezolano, porque es una forma de dar uso a lo relacionado con el régimen venezolano.
La solución sería explorar la obtención de un documento de refugiado o un permiso de viaje, otorgado por el servicio de emigración, que genera una suerte de pasaporte, aunque no lo sea. Tiene unas características similares y permite entrar y salir a otros países, excepto Venezuela.
Quienes no tienen procesos de asilo, pueden ir a las embajadas venezolanas más cercanas, como la de México, que ofrece un salvoconducto para ingresar con un pasaporte expirado.
* Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami. Su firma de abogados Benme Legal se dedica a la práctica exclusiva de la Ley de Inmigración en el trámite de visas para inversionistas, profesionales, deportistas, artistas, entre otros; así como a procesos de naturalización y defensivos ante los Tribunales de Inmigración de Estados Unidos, entre los que destaca el Asilo Defensivo y la Cancelación de la Remoción.
