San Diego (CA), 19 sep (EFEUSA).-
El juez federal Dana Sabraw negó hoy una petición interpuesta por abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para reunir a dos familias separadas en la frontera, a las que el Gobierno federal había negado ese derecho por antecedentes delictivos de los padres.
ACLU había disputado dos de al menos 29 casos catalogados como “no elegibles” para reunificación, ya que el Gobierno consideró que los padres representaban algún riesgo para el menor.
Los casos corresponden al de una madre salvadoreña separada de su hijo de tres años por una orden de arresto en su país, que la acusa de tener vínculos con la pandilla MS-13.
Los abogados de la ACLU negaron dicho señalamiento, argumentando que fue precisamente por el miedo a estas organizaciones criminales que la mujer pidió asilo en EEUU.
El otro caso es el de un hondureño alejado de su hijo de 19 meses por el Gobierno federal debido a una condena que data de hace ocho años por violencia doméstica, tras el hombre haber empuñado un machete frente a su esposa.
Luego de casi una semana de deliberación, el juez Sabraw cedió a los argumentos de la Administración de Donald Trump, al concluir que en ambos casos el gobierno usó su discreción de “buena fe” y tomó la decisión en base a preocupaciones de que pudieran poner en riesgo tanto al menor como al público.
Sabraw reconoció que la evidencia refleja que los hijos de ambos inmigrantes centroamericanos están “sufriendo tremendamente desde que fueron separados de sus padres”, aunque reiteró que la orden judicial emitida a finales de junio pasado, en la que dispuso la reunificación de las familias separadas en la frontera con México, no incluye a padres con historial criminal.
“La corte consideró las dos preocupaciones y, finalmente, inclinó la balanza a favor de los demandados”, expresó el juez en la orden presentada hoy.
Sin embargo, Sabraw exhortó al Gobierno federal a realizar estas excepciones “de una forma razonable”, lo cual consideró ha sido el caso hasta ahora dado, que sólo ha sucedido con 29 de los miles de padres que fueron separados de sus hijos, a quienes en su totalidad se les investigaron antecedentes penales.
El gobierno de Estados Unidos ha reunificado con sus padres a 2.217 de los 2.654 niños que separó en la frontera, en gran medida por la implementación de la política de “cero tolerancia” contra la inmigración irregular.
Todavía unos 437 niños continúan bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), y en los casos en donde los padres sean catalogados como “no elegibles” se procedería a entregarlos a otro familiar o tutor.
